Estados Unidos y el Caribe: denuncias por ejecuciones extrajudiciales tras un nuevo ataque navalEl gobierno de Donald Trump reconoció otro bombardeo en aguas internacionales, con tres muertos, mientras crecen los reclamos de la ONU y de gobiernos latinoamericanos por la falta de pruebas y las violaciones al derecho internacional.
La tensión en el Caribe se profundizó este fin de semana luego de que Estados Unidos bombardeara una lancha en el mar, en el marco de su ofensiva contra el “narcoterrorismo”. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó la operación y aseguró que los tres tripulantes “eran narcoterroristas”, aunque no se presentaron pruebas de que transportaran drogas ni de que representaran una amenaza. El ataque, ordenado por el presidente Donald Trump, se suma a una serie de acciones que ya dejaron al menos 65 muertos en aguas internacionales, según recuentos de organismos regionales.
Desde septiembre, el Comando Sur desplegó buques de guerra y aviones de combate en el Caribe y el Pacífico, destruyendo al menos 16 embarcaciones bajo la justificación de que estaban vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, Naciones Unidas calificó los ataques como ejecuciones extrajudiciales y exigió su cese inmediato. El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, sostuvo que “estas muertes no encuentran justificación alguna en el derecho internacional” y pidió una investigación independiente. En el mismo sentido, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que “usar misiles contra lanchas con personas desarmadas es una ejecución extrajudicial” y anunció una propuesta ante la ONU para frenar las operaciones militares estadounidenses.
El impacto del despliegue militar también se siente en tierra. Pescadores y comerciantes del noreste venezolano denunciaron que la presencia de buques norteamericanos paralizó las actividades marítimas por miedo a nuevos bombardeos. Desde Caracas, Nicolás Maduro acusó a Washington de utilizar la guerra antidrogas como pretexto para desestabilizar la región y amenazó con llevar el tema al Consejo de Seguridad. En paralelo, crecen las tensiones diplomáticas: Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro y a su entorno, mientras senadores demócratas exigen explicaciones legales al gobierno por el uso de la fuerza sin aval del Congreso.
Las críticas internacionales coinciden en un punto: Estados Unidos actúa fuera del marco del derecho internacional, sin pruebas verificables y con un creciente número de víctimas civiles. En un contexto de miedo y silencio regional, la ONU insiste en que “nada justifica la ejecución sin juicio previo”, mientras la población del Caribe vive bajo la amenaza constante de los misiles.
