Más de veinte ONG cuestionan el DNU 941, con el que el Gobierno modificó el sistema de inteligencia. Alertan sobre vigilancia ampliada, falta de controles y riesgos para derechos básicos, y reclaman intervención del Congreso.
Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil presentarán en las próximas horas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas relatorías de la ONU por los alcances del DNU 941, firmado por el presidente Javier Milei, que reformó el sistema de inteligencia y reconfiguró el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El eje de los planteos apunta a la posibilidad de un esquema de vigilancia extendida, la opacidad en los mecanismos de control y la ampliación de facultades sensibles sin debate parlamentario.
El decreto, firmado el 31 de diciembre, recibió objeciones inmediatas en ámbitos políticos, judiciales y académicos. Más de 20 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, el CELS, ACIJ, Poder Ciudadano, INECIP, Fundación Vía Libre, CAREF, ANDHES, Fundación Huésped y Greenpeace, sostienen que la norma presenta problemas de constitucionalidad y rompe consensos básicos en materia de control democrático de los servicios de inteligencia. En paralelo, el CELS impulsó un amparo colectivo y las entidades reclaman que el Congreso active la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Entre los puntos más cuestionados del DNU figuran la obligación de distintos organismos públicos de compartir datos personales con la SIDE, la ausencia de instancias de control ciudadano, la clasificación generalizada de las actividades como “encubiertas”, y la habilitación para que agentes de inteligencia detengan personas. También genera preocupación la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales, así como la ampliación de la noción de contrainteligencia, que eleva el umbral de sospecha sobre personas y organizaciones.
Las presentaciones internacionales se dirigirán a autoridades de la CIDH y de Naciones Unidas especializadas en libertad de expresión, derecho a la privacidad, detenciones arbitrarias y lucha contra el terrorismo, varias de las cuales ya manifestaron alertas por retrocesos institucionales en el país. Mientras tanto, al menos cinco amparos siguen su curso en la Justicia local y resta definir si el tema se tratará durante la feria judicial. El Gobierno defendió el decreto y anticipó que enviará una reforma integral al Congreso, aunque las organizaciones insisten en que cualquier cambio en el sistema de inteligencia requiere debate público y controles efectivos.
