Desde el gobierno cuestionan pedido para adelantar elecciones a fines de este año y Pedro Castillo se considera “prisionero político” de Dina Boluarte en carta enviada a la CELAC.
En medio de la convulsión social al interior del país, que hasta el momento ha ocasionado más de 50 fallecidos y 800 heridos, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) planteó como salida a esta crisis que las elecciones generales se adelanten a fines de este año, y no esperar hasta abril del 2024, tal como pretende el Gobierno.
Es más, ayer el presidente de dicho organismo, Rohel Sánchez, anunció que presentarán un proyecto de ley en ese sentido, tras reunirse con el titular del Parlamento, José Williams.
Sin embargo, esta propuesta no sería del agrado del Ejecutivo. El premier Alberto Otárola consideró que esta propuesta es confusa.
“Yo sé que hay un pedido de otros sectores en el sentido de hacer un adelanto, de adelanto, de adelanto (de elecciones). Fíjese, eso es tan confuso como querer asumir de que las condiciones que ponen estos sectores violentistas que están vulnerado los derechos fundamentales de los peruanos van a ser atendidas por el sistema democrático. Nosotros tenemos que garantizar, en primer lugar, unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular”, indicó a Canal N.
El titular de la PCM consideró que sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en estos momentos le añadamos “un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos que la propia ley electoral establece”, en referencia al pedido para que los comicios se celebren este mismo año.
Esto, a pesar de que Rohel Sánchez indicó que los titulares de los organismos electorales le aseguraron que sí es posible hacer elecciones a fines de este año.
“El gobierno espera respetuosamente que el Congreso adelante, si es posible, la decisión y pueda un poco descongestionar el ambiente politico que han tenido signos de violencia y que, felizmente, han sido controlados por la Policía hasta el momento”, añadió.
Respecto al proyecto de ley que prepara la ANGR, Otárola se mostró a favor de que se debatan todas las iniciativas; no obstante, dijo esperar que el Congreso, que es al que le corresponde tomar esta decisión, “esté a la atura de las circunstancias y obre en consecuencia”.
“Hemos manifestado ayer al presidente del Congreso (José Williams) y le hemos pedido respetuosamente que se apruebe o vean ellos la manera de que se apruebe esta segunda votación (del adelanto de elecciones) para convocar inmediatamente al cronograma electoral y se resuelva estas elecciones en el plazo que han sido contemplados por todas las autoridades tanto electorales como políticas”, acotó.
Ausente en la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el expresidente Pedro Castillo publicó en sus redes sociales un texto digitalizado desde el penal de Barbadillo (Ate, Lima). En la misiva, quien lideró el sindicato de profesores del 2017 agradeció a los mandatarios Gustavo Petro (Colombia), Xiomara Castro de Zelaya (Honduras) y Andrés Manuel López Obrador (México) “por su firmeza en condenar la dictadura (de Dina Boluarte), (su) detención arbitraria y por exigir las garantías constitucionales de las cuales (sigue) privado ilegalmente”.
También reconoció a los jefes de Estado Alberto Fernández (Argentina), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile) y Nicolás Maduro (Venezuela) por su exposición abocada a la “grave situación que vive” el Perú.
Sobre su situación legal, Castillo Terrones la calificó como un “cautiverio arbitrario sometido por la dictadura de Dina Boluarte, mediante un proceso judicial viciado de legalidad”. Según su versión, es un “prisionero político” y la detención en su contra viola la Constitución peruana, Carta Interamericana de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas.
El exprofesor se solidarizó con “su hermano” Evo Morales, “perseguido político”, “a quien le prohibieron el ingreso al Perú”. Castillo le agradeció en nombre del país por haber sido “coherente en su defensa con la democracia y denuncia al gobierno fascista de Dina Boluarte, responsable del derramamiento de la sangre que hoy enluta al Perú”.
FUENTES: Gestión y La República
