El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones con México tras confirmarse que la exjefa de gabinete de Pedro Castillo, acusada de participar en el intento de autogolpe de 2022, recibió asilo político en la embajada mexicana de Lima.
El presidente José Jerí ordenó la expulsión de la encargada de negocios mexicana, Karla Onela, y acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de una “reiterada injerencia” en los asuntos internos del país andino. La decisión se tomó luego de que el canciller peruano, Hugo de Zela, informara que Bettsy Chávez se encuentra refugiada en la residencia diplomática mexicana, hecho que calificó como un “acto inamistoso” y por el cual Lima no habría recibido notificación formal.
De Zela sostuvo que México “pretende convertir en víctimas a los responsables del intento de golpe de Estado” y cuestionó las declaraciones tanto de Sheinbaum como de Andrés Manuel López Obrador, a quienes acusó de sostener una “versión ideologizada” sobre la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022. El canciller remarcó que Chávez y el exmandatario “enfrentan procesos judiciales con todas las garantías” y rechazó que se trate de una persecución política.
Desde Ciudad de México, la Cancillería mexicana rechazó la medida de Lima y la calificó de “excesiva y desproporcionada”, al defender el asilo como un acto legítimo amparado por el Derecho Internacional y por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que ambos países firmaron. México recordó que el asilo “no puede considerarse un acto hostil” y afirmó que la ex primera ministra había denunciado violaciones a sus derechos humanos desde su detención en 2023, cuando fue acusada de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Castillo.
La ruptura se produce luego de que la Justicia peruana liberara a Chávez bajo control biométrico semanal, al reconocer un recurso constitucional de su defensa tras varios días de huelga de hambre. Hasta ese fallo, la exfuncionaria permanecía detenida preventivamente en Lima.
