La cadena alemana DW expone la dramática realidad de los pacientes oncológicos en Argentina, marcada por la interrupción de tratamientos, la absorción del INC y la precaria situación de hospitales como el Roffo, evidenciando una crisis que cuesta vidas y profundiza la angustia.
La dramática situación de los pacientes oncológicos en Argentina, marcada por la interrupción de tratamientos y la escasez de medicamentos, traspasó fronteras, captando la atención de la cadena alemana DW. En los últimos días, un documental de la prestigiosa emisora germana expuso la crudeza de las medidas del gobierno nacional que impactan directamente sobre quienes luchan contra el cáncer, revelando una crisis que «no puede esperar». La difusión internacional se sumó a la reciente y lamentable noticia del fallecimiento de la cantante Araceli Julio, de 39 años, un caso emblemático de la desidia estatal.
Araceli Julio, referente de la escena ska y madre de dos hijos, perdió su batalla contra un cáncer de mama con metástasis. Su caso se hizo público el año pasado cuando, en un desesperado video, denunció que el Estado había cesado la provisión de una medicación vital: dos ampollas cada 21 días, con un costo de cinco millones de pesos cada una. Hasta la asunción de Javier Milei, la artista recibía el tratamiento con normalidad. Aunque judicializó su reclamo y obtuvo un fallo favorable, el Ministerio de Salud apeló. Cuando las drogas finalmente llegaron, la demora resultó fatal.
Más allá de los casos individuales, otra novedad con profundas implicaciones para los pacientes oncológicos fue la «absorción» del Instituto Nacional del Cáncer (INC) por parte del Ministerio de Salud. Si bien la cartera, conducida por Mario Lugones, aseguró que las funciones del organismo no se perderían, los efectos de esta disolución –orquestada en marzo y oficializada este mes– ya son patentes.
“Nos pega el cierre del INC. Especialmente en proyectos de investigación y en el servicio de cuidados paliativos. Porque otorgaba de forma gratuita opioides y ya no lo hace, y porque éramos sede del Programa de Cuidados Paliativos del INC, donde se formaban a través de becas y pasantías docentes para esos cuidados. Era un programa federal y no hay muchos equipos en el país. Eso también se terminó”, lamentó Federico López Ponsati, delegado del Instituto Roffo.
Las declaraciones de López Ponsati tuvieron lugar tras un emotivo abrazo simbólico al Instituto Roffo, hospital universitario especializado en oncología que atiende a más de 100 mil personas con cáncer cada año. El acto buscó visibilizar la precaria situación de los hospitales universitarios, que enfrentan presupuestos congelados y una alarmante fuga de profesionales debido a los bajos salarios, una problemática que se extiende a hospitales nacionales como el Garrahan.
En el Roffo, se abren aproximadamente 130 historias clínicas por mes, pero la demanda ha crecido exponencialmente. “El año pasado hubo un pico por la desregulación de las prepagas; gente con prepaga que quedó en el medio del tratamiento y vino al Roffo. No tenemos estructura para sostenerlo. Somos el último eslabón de un montón de familias trabajadoras de todo el país que llegan después de no haber tenido respuestas”, advirtió López Ponsati. La situación es tan crítica que hay especialidades sin turnos disponibles a corto plazo. “En dermatología hay turno para la semana que viene por primera consulta, pero en otras específicas como hematología hay para dentro de cinco o seis meses”. Para patologías como las leucemias, esta espera es sencillamente inaceptable. “Dar esa noticia genera una angustia generalizada”, agregó.
El Roffo no recibe un aumento presupuestario desde 2024, basándose en el presupuesto aprobado en 2023, lo que se traduce en menos insumos, problemas edilicios y aparatología sin reparar. Un caso emblemático es el mamógrafo, vital para la detección temprana del cáncer de mama, que lleva meses inactivo. Aunque la información oficial indica la compra de un reemplazo, aún no ha sido instalado.
Además, el panorama salarial es igualmente desolador: “este año y medio se agrega el problema salarial. Perdimos 60% del poder adquisitivo y hoy un profesional que tiene formación de 15 años está cobrando entre 1.300.000 y 1.500.000. Por esa plata se están yendo”, afirmó López Ponsati. En el último mes, al menos cuatro oncólogos renunciaron. “Parece un número chico, pero son especialidades que no se consiguen”, sentenció el delegado, subrayando la gravedad de la crisis que profundiza el sufrimiento de miles de familias.
