El oficialismo llega al debate del miércoles con menos respaldo del que preveía y negocia cambios de último momento para asegurar la media sanción. La oposición busca postergar el tratamiento o recortar artículos sensibles, mientras crece la presión sindical y de los gobernadores.
Este miércoles desde las 11, el Senado entrará en una jornada decisiva para el proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei, en el marco de las sesiones extraordinarias. Aunque la iniciativa ya cuenta con dictamen, el oficialismo enfrenta un escenario más ajustado de lo esperado, con apoyos que se desdibujaron en las últimas semanas y un clima político atravesado por la negociación permanente, el hermetismo y la amenaza de cambios sobre la hora.
En la Casa Rosada consideran la reforma una pieza central de su “batalla cultural”, más allá de su impacto inmediato, y apostaron fuerte a construir una mayoría que les permita avanzar rápido hacia Diputados. Sin embargo, los números ya no aparecen tan holgados: el bloque libertario y sus aliados firmes no alcanzarían por sí solos los votos necesarios, y el respaldo de sectores dialoguistas —UCR, PRO y senadores sueltos— permanece condicionado a modificaciones en los capítulos más resistidos, en especial el impacto fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Las negociaciones se desarrollaron bajo un fuerte secretismo y la versión final del dictamen recién se conocerá al inicio de la sesión, lo que alimenta especulaciones sobre posibles concesiones para asegurar la media sanción. Entre las opciones que circularon aparece la posibilidad de suavizar o directamente retirar los artículos que reducen alícuotas impositivas a grandes empresas, un punto que generó rechazo entre gobernadores por su efecto sobre la coparticipación y los recursos provinciales.
Del otro lado, el peronismo y el movimiento obrero concentraron sus esfuerzos en dos frentes: intentar postergar el debate hasta el inicio de las sesiones ordinarias o, si eso no prospera, dar la pelea artículo por artículo. La mirada está puesta sobre los senadores que responden a gobernadores no alineados plenamente con el Ejecutivo, en particular en provincias industriales. A la par, las centrales sindicales anticiparon una fuerte movilización frente al Congreso, convencidas de que el debate legislativo se definirá tanto dentro del recinto como en la calle.
