En apenas 48 horas, las principales cerealeras coparon el cupo de USD 7.000 millones y obtuvieron ganancias por alrededor de 1.500 millones, mientras el Estado y los productores quedaron al margen.
El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, eliminó temporalmente las retenciones a granos y subproductos hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los USD 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). La medida tuvo un efecto inmediato: las grandes exportadoras aprovecharon la ventana y lograron un beneficio millonario en apenas dos días.
La iniciativa, impulsada por el equipo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, buscaba acelerar la entrada de dólares frescos tras jornadas récord de liquidación. Sin embargo, el resultado fue un costo fiscal considerable: las cerealeras declararon embarques que ya tenían en stock, comprados a productores con retenciones descontadas, y los vendieron al exterior sin pagar derechos de exportación. Ni el Estado ni los productores recibieron un centavo de esa diferencia.
Entre las principales beneficiarias se encuentran Bunge, que lideró los volúmenes declarados; Louis Dreyfus Company (LDC); la china COFCO; Cargill; ADM (Archer Daniels Midland); la argentina Aceitera General Deheza (AGD); y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). En conjunto, estas empresas concentran más del 70% del comercio agroexportador del país.
Analistas destacan que la rapidez con que las firmas declararon sus operaciones fue como una “carrera contra el tiempo”, registrando exportaciones incluso antes de tener los granos en su poder, confiando en comprarlos después a precios que incluían las retenciones.
Mientras las grandes empresas aseguraban millones en ganancias, los productores quedaron al margen y el Estado resignó ingresos que podrían haber ido al Tesoro, evidenciando cómo un puñado de jugadores puede mover miles de millones en pocas horas.
El saldo final de la maniobra fue un beneficio de 1.500 millones de dólares para las exportadoras. Aunque el Gobierno podría aplicar la Ley Martínez Raymonda para revisar las DJVE y limitar el beneficio solo a operaciones respaldadas por mercadería ya comprada, en el sector dudan que Milei y Caputo actúen en ese sentido. Por ahora, los exportadores celebran, transformando la urgencia oficial en un banquete financiero a su favor.
