Tras el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad en Diputados ayer, la Cámara alta debate decretos presidenciales y proyecta el tratamiento de la emergencia en salud pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.
Ayer, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad, logrando los dos tercios necesarios para insistir con la ley. La iniciativa obtuvo 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones y ahora pasa al Senado, donde el oficialismo enfrenta un terreno más hostil. En cambio, el aumento del 7,2% a jubilados y el bono no prosperó: libertarios y aliados blindaron el veto a las jubilaciones, con abstenciones clave vinculadas a las gobernaciones de Misiones y Entre Ríos. Diputados también convirtió en ley el proyecto de los gobernadores para coparticipar los ATN (Aportes del Tesoro NacionaL), una caja millonaria que hasta ahora manejaba el Gobierno a discreción.
Este miércoles, el Senado de la Nación abrió una nueva jornada de sesiones con temario opositor, en un marco de confrontación con el Gobierno. Los legisladores buscan rechazar decretos presidenciales y avanzar en proyectos que aumentan fondos para hospitales pediátricos y universidades nacionales, pese a que el Ejecutivo anticipó vetos sobre las iniciativas que podrían convertirse en ley.
En simultáneo, trabajadores del Hospital Garrahan se movilizan hacia el Congreso en reclamo por la emergencia en salud pediátrica. La iniciativa exige fondos para bienes de uso y consumo, la recomposición salarial del personal de salud y la derogación de la resolución que modificó el sistema de residencias. En Diputados, la propuesta obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
Otro proyecto clave es la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por rectores. La norma propone la reapertura de paritarias paralizadas desde octubre, fondos para funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de una caja de $10.000 millones actualizable por IPC para fomentar el ingreso a carreras estratégicas. También logró 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones en la Cámara baja.
El Senado analiza además decretos que intervinieron organismos públicos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025), la Marina Mercante (340/2025) y el Instituto Nacional del Teatro (345/2025). Otros decretos previamente judicializados incluyen el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).
Pese a la posibilidad de rechazo, algunos cambios ya implementados por los decretos no serían revertidos. Por ejemplo, el decreto 345 trasladó la dirección del Instituto Nacional del Teatro y de la Comisión Nacional de Monumentos a la órbita de la Secretaría de Cultura. La Agencia Nacional de Seguridad Vial vio cerradas áreas clave y fue absorbida por el Ministerio de Economía, mientras que el INTA y el INTI mantienen intervenciones limitadas por resoluciones judiciales.
