Las principales centrales sindicales, CGT, CTA-A y CTA-T, argumentan que la medida viola derechos sindicales y constitucionales, buscando trasladar la protesta del ámbito laboral al penal. El protocolo, que autoriza la intervención de fuerzas federales en cortes de vías, será aplicado en una marcha conmemorativa.
En la presentación, firmada por los tres secretarios de Relaciones Internacionales de las centrales obreras, Gerardo Martínez (CGT), Adolfo Aguirre (CTA-A) y Roberto Baradel (CTA-T), se destaca que la nueva reglamentación “soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos”, incluyendo instituciones democráticas en Argentina. Se sostiene que la medida del Gobierno refleja una “decisión clara y manifiesta de criminalizar la protesta”, trasladando las manifestaciones obreras del ámbito laboral al penal.
Los sindicalistas advierten que el protocolo se implementa en un contexto de fuerte ajuste liderado por el gobierno de Javier Milei, el cual, según ellos, “dinamitará el poder adquisitivo de los salarios”. Afirman que las medidas económicas anunciadas forman parte de una “estrategia disciplinadora”, vinculada a la represión anunciada por Bullrich. La primera aplicación del protocolo está programada para la marcha conmemorativa de la represión de Plaza de Mayo de hace 22 años.
Según las centrales obreras, el protocolo es considerado “abusivo” y busca desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Sostienen que contradice las recomendaciones de la OIT y pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical y derecho de protesta. Además, destacan que la medida pretende equiparar la protesta social con delitos penales, citando el artículo 194 del Código Penal de Argentina, lo cual es objeto de controversia según jurisprudencia nacional e internacional.
Roberto Baradel, representante de las centrales obreras, subrayó la importancia de la solicitud al afirmar que el protocolo es “inconstitucional” y viola convenios internacionales y la Constitución nacional. Alertan sobre la posible instauración de un “mecanismo represivo” que atenta contra los derechos consagrados, solicitando a la OIT que la denuncia sea remitida con carácter de urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
