La presidenta asumió al frente del Palacio de López tras la destitución, el 7 de diciembre del año pasado, de Pedro Castillo y cumple doce meses en el poder en medio de una marcada tensión en las calles.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumple un año en el poder en medio de una marcada tensión en las calles, con anuncios de protestas que se esperan masivas, con una relación tirante con el fragmentado Parlamento que a menudo da muestras de su poder y con la pretensión de mostrar hacia adentro del país la presunta aceptación que su gestión tiene en el exterior, una apuesta a la que no ayuda la recesión en la que entró la economía.
Boluarte asumió al frente del Palacio de López tras la destitución, el 7 de diciembre del año pasado, de Pedro Castillo, a quien había acompañado como única candidata a vicepresidenta -en Perú son dos los escoltas del aspirante- pero sin que ambos estuvieran del todo alineados con Perú Libre, la fuerza que le ganó el balotaje a Keiko Fujimori.
En las primeras semanas de su gestión, dos cuestiones consumieron el interés mayor: la situación de Castillo, encarcelado desde entonces tras haber disuelto el Congreso y haber intentado gobernar por decreto, y las multitudinarias manifestaciones en las calles de Lima y las principales ciudades en favor de una renuncia del Gobierno y del Legislativo y de un veloz llamado a nuevas elecciones.
Para quienes protagonizaron las protestas el saldo no pudo ser peor: según la ONU, hubo 50 muertos y más de 800 heridos por la bestial represión de las fuerzas de seguridad, ningún legislador renunció, Boluarte anunció que se quedaría hasta 2026 y aunque el Congreso amagó varias veces con votar un adelantamiento de las elecciones, nunca dio ese paso formal.
Las protestas fueron feroces, hubo bloqueos de rutas y calles, ataques a edificios públicos, copamientos de aeropuertos y sedes gubernamentales y choques permanentes con grupos policiales que se extendieron hasta bien entrado 2023.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, la Unión Europea y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron la represión en las calles y la mandataria enfrenta un proceso por esas muertes.
Mientras, Castillo sigue preso, con prisión preventiva en principio por 18 meses, por el supuesto delito de rebelión y, alternativamente, por conspiración.
Varios mandatarios de la región se pronunciaron en favor del depuesto presidente, que hace justo un año anunció el cierre del Parlamento. Apenas horas después Castillo fue sacado del cargo y Boluarte se convirtió en la primera mujer a cargo del Ejecutivo.
Para seguir en su puesto, Boluarte debió tejer una alianza no explicitada con el Congreso, desde hace tiempo un poder de peso en el país, pese a que registra una muy mala imagen en todos los sondeos de opinión, y transferir buena parte del poder a su jefe de Gabinete de ministros, Alberto Otárola, el hombre fuerte de la gestión.
“El desempeño de Boluarte fue negativo, no solo porque las encuestas así lo señalan. Es una presidenta con un grado de aprobación de menos de un dígito y una desaprobación que en algunas regiones supera el 90%. Parece una jefa de Estado y no una jefa de gobierno, a la europea, en el sentido de que parece que carece de poder. El poder lo maneja, por presencia, por experiencia, por formación, Otárola. El Ejecutivo es Otárola. Ella decide muy poco”, coincidió el politólogo y sociólogo Fernando Tuesta.
En un balance para Télam, Tuesta -exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y docente de Ciencias Políticas- subrayó que “el Gobierno depende central y básicamente del Congreso, de una coalición variopinta de partidos en la que se dan la mano desde la derecha de Renovación Popular y el fujimorismo hasta la izquierda tradicional, que fue la que apoyó a Castillo”.
Tuesta advirtió que Boluarte “no tiene partido, no tiene grupo parlamentario, no tiene a su favor la opinión pública, no tiene organizaciones sociales, ni academia ni sociedad civil de su lado”. “Es una persona absolutamente aislada”, agregó.
Y por eso el Gobierno “vive con balón de gas (garrafa) provisto por el Congreso”, evaluó Tuesta, que consideró que el Parlamento la sostiene porque “sabe que si renuncia o es desbancada se adelantan elecciones y lo que menos quieren los congresistas es perder los dos años de mandato que quedan”.
En materia económica, Boluarte asumió en diciembre de 2022 con una suba de apenas 1% en la producción nacional y, aunque eso permitió que Perú se mantuviera como uno de los líderes regionales en crecimiento económico, la actividad ya demostraba una desaceleración progresiva.
El inicio de las protestas -sobre todos los cortes de rutas y los paros- más el paso del El Niño, sumado a algunas decisiones desacertadas hicieron que ya en enero la economía peruana registrara su primera caída mensual tras 22 meses de crecimiento ininterrumpido.
“Entramos en recesión. Un país que vino creciendo en tres décadas y lamentablemente ahora fue mal llevada la economía, aunque es cierto que en esto ella no tiene la responsabilidad total”, dijo Tuesta.
De los 10 últimos meses, la actividad económica cayó en siete y, tras reiteradas alertas de expertos y economistas, el Ministerio de Economía pudo reconocer que Perú estaba en recesión.
Proyecciones citadas por el diario El Comercio apuntan a que el PBI del 2023 cerrará en terreno negativo.
Esos magros números se acompañan con otros dos índices: caída del empleo y de las inversiones extranjeras, aunque este fue un tema en el que Boluarte puso casi su empeño mayor, con presencia en cumbres empresarias y de bloques regionales, aun cuando sus viajes al exterior fueron dificultosos.
Al no haber vice segundo, la mandataria no tenía a quién dejarle el mando, hasta que el Congreso votó un insólito permiso para que gobierne a distancia.
Boluarte pudo entonces ir a una cumbre amazónica en Brasil, a Italia, Alemania y al Vaticano, a la asamblea anual de la ONU en Nueva York y al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se hizo en San Francisco, Estados Unidos.
“Boluarte no logró catapultarse como lideresa, de cuyas características carece. Sus viajes al exterior fueron muy cuestionados, caros y sin ningún efecto para la política exterior”, evaluó Tuesta.
Su llegada intempestiva al poder también le valieron a Boluarte problemas para que Lima recibiera el mando pro témpore de la Alianza del Pacífico, porque ni el mexicano Andrés López Obrador ni el colombiano Gustavo Petro quisieron entregárselo. La cuestión se resolvió vía Chile, que recibió la jefatura de modo transitorio para cederlo luego a Perú.
Una última cuestión grave de la gestión de la presidenta tiene que ver con el aumento de los índices de criminalidad, que llevaron al Ejecutivo a reclamarle al Congreso -y a obtenerlas- facultades especiales para modificar la legislación en la materia.
Las protestas fueron feroces, hubo bloqueos de rutas y calles, ataques a edificios públicos, copamientos de aeropuertos y sedes gubernamentales
“En cada punto tiene desaprobados. Lo peor fueron las muertes del inicio de su mandato. Pero insisto en que se trata de una presidenta muy precaria. Aunque también hay que decir que más allá del estallido, la ciudadanía y la opinión pública no lograron articular una oposición como para que pueda trastabillar el Gobierno”, manifestó Tuesta.
El politólogo alertó que “en los niveles más importantes para el ciudadano, que son la estabilidad política, la seguridad y la economía, el gobierno va mal, no da pie con bola”.
“Falta la mitad del mandato. ¿Puede un país soportar una situación así? Ya ocurrió que sí, pero esto no quiere decir que el mandato termine de manera indefectible en julio de 2026”, especuló el analista.
Por lo pronto, para las manifestaciones que se anuncian para esta misma semana por el aniversario, el Ejecutivo ya modificó el Código Penal y endureció las penas para quienes corten calles, ataquen edificios públicos, bloqueen rutas o se enfrenten a las fuerzas de seguridad.
FUENTE: Télam.
