Docentes, estudiantes y rectorados preparan una semana completa de protestas mientras el Gobierno se niega a cumplir la ley de financiamiento. Advierten por salarios de miseria y riesgo en la formación profesional.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas entra en una fase decisiva: gremios docentes, autoridades académicas y estudiantes avanzan en la convocatoria a una nueva marcha federal y confirmaron una semana de paro entre el 27 y el 30 de abril. La protesta se da en un contexto de máxima tensión, luego de que el Ejecutivo decidiera no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, pese a los fallos judiciales que lo obligan a hacerlo.
La disputa tiene como telón de fondo un fuerte ajuste presupuestario. Desde las universidades denuncian un ahogo financiero sostenido, con salarios que quedaron muy por detrás de la inflación y partidas que no llegan. Según los gremios, los docentes necesitan un aumento del 55% para recuperar el poder adquisitivo perdido, mientras que muchos cargos siguen cobrando alrededor de 250 mil pesos. “No aguantamos más la situación”, sintetizan desde el sector, que advierte además por la fuga de profesionales e investigadores ante la falta de condiciones.
En paralelo, el Gobierno analiza alternativas para evitar el impacto fiscal de la ley vigente. Entre las opciones, evalúa impulsar un nuevo proyecto con menores recursos, modificar los mecanismos de control del gasto universitario o incluso aplicar la normativa de forma parcial. Mientras tanto, el monto necesario para cumplir con la ley ronda los 2,5 billones de pesos, una cifra que en la Casa Rosada consideran inviable. El resultado es un conflicto abierto que ya excede lo salarial: las universidades alertan que está en riesgo la formación de profesionales clave y la producción de conocimiento, en un escenario donde la educación pública vuelve a quedar en el centro de la disputa.
