YPF: LA JUSTICIA DE NUEVA YORK FRENA, POR EL MOMENTO, LA ENTREGA DE ACCIONES

La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido argentino y suspendió la orden de transferir el 51% de YPF.
La medida se mantendrá hasta que se resuelvan las apelaciones en curso contra el fallo de Loretta Preska.

La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido argentino y suspendió la orden de transferir el 51% de YPF.La medida se mantendrá hasta que se resuelvan las apelaciones en curso contra el fallo de Loretta Preska.

La Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió frenar la orden que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. La jueza Loretta Preska había dictado esa medida en junio como mecanismo de presión para forzar el cumplimiento de una sentencia anterior.

En septiembre de 2023, Preska determinó que el país debía pagar 16.000 millones de dólares al fondo buitre Burford por la estatización de la petrolera. No obstante, el paquete accionario en cuestión está valuado en torno a 6.615 millones de dólares, por lo que no alcanzaría para cubrir la totalidad de la indemnización reclamada.

Los jueces de apelación consideraron que las acciones de YPF no corren riesgo de diluirse, ya que cualquier cambio en su situación requiere el voto de dos tercios del Congreso argentino. De este modo, avalaron la postura del Estado nacional y aceptaron postergar la entrega de los títulos hasta que se defina el litigio principal.

En paralelo, la Cámara autorizó al Gobierno de Estados Unidos a intervenir en el expediente como amicus curiae, es decir, con la posibilidad de expresar su posición ante el tribunal. La administración de Donald Trump ya había manifestado su oposición a que las acciones de YPF pasaran a manos de Burford.

El Gobierno argentino celebró la resolución. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, remarcó en redes sociales que el fallo suspende la orden del 30 de junio y habilita la participación de Washington en el proceso. Sin embargo, Burford insiste con la estrategia del “alter ego”, que busca asimilar a YPF con el propio Estado para acelerar el cobro antes de que concluyan las apelaciones.

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