Se cumplen dos años del intento de magnicidio a la expresidenta y el juicio oral se encamina a condenar sólo a los responsables materiales. El papel de la jueza de instrucción para blindar a figuras del PRO y al actual gobierno.
Desde el 1 de septiembre de 2022, las preguntas clave sobre la autoría mediata del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner siguen sin respuesta. Aunque Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó dispararle en la cabeza a la expresidenta, asumió la responsabilidad exclusiva del ataque como un “lobo solitario”, las dudas persisten en el juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal número seis: ¿Quiénes fueron los responsables detrás del atentado? ¿Hubo financiamiento por parte de la empresa Caputo Hermanos a través de la organización de ultraderecha Revolución Federal? ¿El clima de odio creciente hacia la expresidenta fue espontáneo o planeado? ¿El fiscal Diego Luciani tuvo un papel en esto con su alegato en la Causa Vialidad?
Estas preguntas seguirán sin respuesta. El tribunal que juzga a Sabag Montiel, su expareja Brenda Uliarte y al jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”, Gabriel Carrizo, no tiene la facultad, aun si quisiera, de pronunciarse sobre ellas. Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari sólo están habilitados para determinar si los tres imputados son culpables o inocentes, y en caso de ser culpables, qué delitos cometieron y qué pena les corresponde. Nada más.
El viernes, el tribunal decidió prorrogar por un año la prisión preventiva de Sabag Montiel. Detenido desde la noche del atentado, Sabag Montiel llegó al límite de dos años de prisión preventiva permitidos por la ley, prorrogables por otro más. Su defensa solicitó la excarcelación, pero fue denegada.
Las líneas de investigación que los abogados de Cristina Kirchner denuncian como inexploradas quedaron truncas en el juzgado federal de primera instancia a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal recusaron a la magistrada, argumentando que “la prueba solicitada por esta parte acusadora en su enorme mayoría ha sido rechazada, no realizada o llevada a cabo de manera tardía; no se delegó la instrucción, pero tampoco se impulsó una línea investigativa, bloqueando cualquier hipótesis más allá de las personas que actualmente están imputadas”.
Capuchetti rechazó la recusación y, en una resolución de 43 páginas, afirmó haber concedido a la querella todo lo que pidió, pero ninguna de sus hipótesis se confirmó ni evidenció relación con el atentado contra la expresidenta.
Capuchetti señaló: “El cotejo de las actuaciones demuestra en forma cabal que se ha investigado y dado respuesta a todos y cada uno de los interrogantes introducidos, lo cual deja en claro el marco de imparcialidad, independencia y objetividad que ha guiado mi actuación en el expediente. (…) Sus expresiones se relacionan con la disconformidad del resultado de un sinnúmero de medidas de prueba ordenadas”. Además, defendió “la intensa labor investigativa llevada a cabo por este Juzgado” y recordó que “la producción de una medida probatoria, su resultado, evaluación de utilidad, pertinencia y oportunidad, resultan ser facultades jurisdiccionales otorgadas al juez”.
Capuchetti fue descartando, una a una, las teorías de la querella sobre la instigación mediata (las actividades de Revolución Federal siempre fueron investigadas por separado y ante otro juez), el presunto financiamiento a través de “los Caputo de la vida”, las supuestas tareas de inteligencia (con fotos y filmaciones desde el balcón superior al lugar del atentado). Incluso, el testigo que declaró haber escuchado al diputado Gerardo Milman decir “cuando la maten yo estoy en la Costa” cerca del Congreso está en riesgo de ser procesado por falso testimonio, ya que no se encontró en su teléfono el mensaje que buscaban sobre ese episodio. En el teléfono de Milman, en cambio, no se encontró nada, ya que entregó un aparato que comenzó a usar después del ataque, y los de sus secretarias fueron borrados en unas oficinas de Patricia Bullrich por un experto que recientemente fue designado director de Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Ministerio de Seguridad.
Ninguna de estas líneas, ni ninguna otra que no esté relacionada con los tres imputados, puede ser investigada por el tribunal oral. Si durante el juicio surgiera una prueba determinante que respondiera a estos interrogantes (por ejemplo, una filmación de alguien pagándole a Sabag Montiel para que atentara contra la expresidenta), los jueces tendrían que remitirla a la primera instancia para que ese dato, por fundamental que fuera, siguiera todo el proceso judicial hasta llegar nuevamente a la etapa de juicio, lo cual no sería este juicio, sino otro.
Los jueces podrían, en teoría, establecer su postura y sugerir líneas de investigación, pero su función principal es juzgar los hechos. No pueden hacer lo que hizo el camarista de Casación Carlos Mahiques en el fallo sobre el encubrimiento de la denominada “pista siria” del atentado contra la AMIA, cuando se pronunció sobre la responsabilidad de Irán en el ataque: una opinión sin valor jurídico, que fue amplificada mediáticamente como si la Cámara de Casación hubiera declarado a Irán responsable del atentado.
En cuanto al juicio oral en sí, en las próximas semanas se desarrollará una etapa técnica, con intervención de peritos especializados. Un punto decisivo será lo que se determine sobre el arma que empuñó Sabag Montiel. “Si el arma no podía haberse disparado, la tentativa sería inidónea, lo cual sería fundamental para la pena y la evaluación del plan de acción”. Habrá un debate sobre el arma, con peritos discutiendo en la sala de juicio, y Sabag Montiel, a través de su defensora oficial María Fernanda López Puleio, propuso un armero para confrontar y cuestionar las conclusiones. El arma ya fue peritada en la etapa de instrucción, y se concluyó que era “apta para el disparo”. Sin embargo, en el juicio oral, todo puede ser debatido de nuevo.
También se debatirá sobre la salud mental de los dos principales imputados, Sabag Montiel (quien ya fue evaluado en primera instancia y dejó dudas) y Uliarte, cuyo abogado, Alejandro Cipolla, solicitó un peritaje multidisciplinario con la expectativa de que pueda ser declarada inimputable.
En la última audiencia, la jueza Namer convocó a las partes para definir la dinámica del juicio y si desistirán de algunas de las declaraciones de los muchos testigos propuestos. Es común en los juicios orales que las partes consideren que algunos testimonios son redundantes y prescindan de ellos.
La defensa de Gabriel Carrizo, a cargo de Gastón Marano, ya anticipó que tiene interés en mantener a seis testigos, especialmente a uno que estaba junto al jefe de “los copitos” cuando envió mensajes post-atentado, en los que se ufanaba de haber participado en la planificación.
