Para no aumentar salarios, el Ministerio de Defensa flexibilizó las incompatibilidades para que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan sumar ingresos en actividades privadas. La medida expone el deterioro del poder adquisitivo en uno de los pocos sectores que el oficialismo prometía poner en valor.
El Gobierno nacional autorizó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. La decisión, impulsada por el Ministerio de Defensa, permitirá que soldados, suboficiales y oficiales trabajen como conductores de aplicaciones, repartidores, personal de seguridad privada u otros empleos compatibles con su función. La novedad no llegó acompañada por una mejora salarial, sino por la posibilidad de buscar un segundo ingreso para llegar a fin de mes.
La resolución se conoció en medio de reiterados reclamos por la pérdida de poder adquisitivo del personal militar. Distintos sectores vinculados a la fuerza vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades para afrontar gastos básicos con los salarios actuales. En ese contexto, la habilitación para realizar trabajos adicionales aparece menos como una ampliación de derechos laborales que como un reconocimiento implícito de que los ingresos no alcanzan.
El contraste adquiere además una dimensión política. Durante la campaña electoral, el presidente Javier Milei prometió fortalecer y jerarquizar el rol de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la imagen que deja la nueva normativa es la de efectivos que, tras cumplir funciones vinculadas a la defensa nacional, deben conectarse a plataformas de transporte o reparto para complementar sus ingresos. La profesionalización prometida termina conviviendo con la lógica de la economía de plataformas.
La discusión también reabrió interrogantes sobre el rumbo de la política de Defensa. Muchos integrantes de las Fuerzas Armadas cuentan con formación especializada en logística, comunicaciones, planificación estratégica y otras áreas de alta complejidad. Para críticos de la medida, que esos trabajadores necesiten recurrir a changas o empleos eventuales para sostener sus ingresos refleja una problemática más profunda que ninguna flexibilización administrativa puede resolver. El debate de fondo ya no pasa por si pueden manejar un Uber en sus horas libres, sino por qué necesitan hacerlo.
