El gremio reclama una urgente recomposición salarial para los trabajadores estatales, quienes, según indican, sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de más del 40% en 2024. Advirtieron que tomarán medidas de fuerza en 2025 si el Gobierno desoye las demandas de salarios dignos.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, pidió al Gobierno la reapertura de las paritarias antes de que finalice 2024, junto con una “recomposición salarial urgente”. Aguiar advirtió que, si no se convoca a una nueva negociación, el gremio tomará medidas de fuerza en 2025.
“Es urgente que se reabran las negociaciones salariales antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante 2024 devastó los salarios. Es necesario compensar el grave deterioro que han sufrido nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado, que algunos sindicatos avalaron, es insuficiente y una ofensa”, señaló Aguiar.
El gremio sostiene que la política salarial implementada por la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza, indicando que los salarios actuales no son suficientes ni para cubrir lo mínimo que establece la ley en términos de prestaciones.
A través de un pedido formal dirigido al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo, dirigida por Julio Cordero, ATE solicitó salarios que garanticen una “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”. Además, exigieron aumentos por encima de la inflación, la apertura de convenios colectivos de trabajo, la continuidad de la regularización del empleo público, la incorporación de más empleados a planta permanente, el cese de los despidos y la reincorporación de los trabajadores despedidos desde diciembre de 2023.
ATE también denunció que el poder adquisitivo de los trabajadores públicos cayó más de un 40% durante 2024 y, según los datos del INDEC, el salario mínimo necesario debería ser de $1.547.169.
“Los empleados públicos que pagan alquiler no logran cubrir ni la mitad del mes con sus sueldos. La situación es crítica. Si no se responde a nuestro reclamo, la conflictividad aumentará a principios del próximo año”, concluyó Aguiar.