Una disputa desatada por el gobierno de Javier Milei pone en el centro de la polémica el uso indebido de la AFIP durante la gestión de Mauricio Macri. Mientras los voceros de Milei señalan una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas, exfuncionarios macristas admiten la persecución de opositores, desatando una feroz lucha interna en el organismo recaudador y entre los aliados de ambos sectores políticos.
El gobierno de Javier Milei intentó sin éxito operar una acusación de que la AFIP bajo el mandato de Mauricio Macri protegía a dirigentes del peronismo, lo que desencadenó una feroz disputa interna entre libertarios y macristas. Según los voceros de Milei, se reveló una lista de 51 dirigentes y empresarios presuntamente beneficiados por la AFIP desde 2016, con vínculos al kirchnerismo y al peronismo, lo que el Gobierno usó para plantear la teoría de que la gestión macrista había protegido al kirchnerismo. Sin embargo, la lista en realidad mostraba a aquellos que fueron objeto de persecución política y que enfrentaron falsas acusaciones, algunas de las cuales resultaron en encarcelamientos. En otros casos, se les intervino las empresas o se les forzó a venderlas a allegados a la cúpula macrista.
Este episodio, además de resaltar la continua guerra entre el macrismo y el kirchnerismo, destapó una serie de internas dentro del mismo gobierno de Milei. Los libertarios acusaron a los exfuncionarios macristas de haber tenido un pacto de impunidad con el peronismo, mientras que los macristas defendieron su accionar, asegurando que no protegieron a los empresarios kirchneristas, sino que los investigaron. Esta confrontación también puso de manifiesto los métodos irregulares utilizados por la AFIP en ese período, como el acceso indebido a información fiscal, el uso de simulacros de notificación, y la creación de grupos de tareas para acosar a opositores.
Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, denunció que las administraciones macristas usaron la AFIP como una herramienta de espionaje y persecución, buscando armar causas penales contra quienes se oponían a su gobierno. Las irregularidades denunciadas incluyen el acceso sistemático a datos fiscales sin justificación, la eliminación de registros y la creación de causas falsas. A pesar de que la justicia recibió las denuncias, los casos no avanzaron.
Frente a las acusaciones de la Casa Rosada, exfuncionarios del macrismo, como Alberto Abad, aseguraron que nunca establecieron una red de protección a empresarios kirchneristas, sino que, por el contrario, los investigaron. En este sentido, las exfuncionarias macristas como María Eugenia Talarico y Jimena De la Torre intentaron aclarar que la lista en cuestión no era para encubrir, sino para investigar y perseguir a los opositores.
Este conflicto dentro de la administración de Milei también afectó a la AFIP (ahora denominada ARCA), con acusaciones mutuas de corrupción y malas prácticas entre los funcionarios libertarios y los exfuncionarios macristas que aún permanecen en el organismo. Aunque no se prevé una denuncia judicial, el gobierno ha dejado claro que se llevaría a cabo una investigación interna para esclarecer lo sucedido con la lista, lo que resalta cómo las luchas internas dentro del Gobierno continúan afectando el funcionamiento de los organismos del Estado. Este escándalo no solo expone la disputa entre Milei y Macri, sino que también pone en evidencia el uso del aparato estatal para perseguir a los opositores.
