El nuevo acuerdo con el FMI y el ajuste cambiario impulsaron la especulación y el incremento de precios en alimentos y otros productos de consumo masivo, sobre todo en los comercios barriales, almacenes y autoservicios chicos
La retórica negacionista del gobierno nacional, que se extiende más allá del análisis histórico, choca de frente con la realidad cotidiana: el poder adquisitivo de los argentinos se desploma. Esta situación, palpable en cada compra, se ve reflejada en los números que revelan una contracción del consumo.
Según el informe «Tendencias Self Service» de la consultora Scentia, las ventas de las grandes cadenas de supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayeron un 7,4% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Si bien la caída fue menor en los autoservicios independientes de la misma zona (3,1%), esta diferencia sugiere un traslado de la demanda hacia comercios de cercanía, evidenciando la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.
Esta caída del consumo es aún más preocupante si se considera que se produce sobre una base de comparación ya deprimida. En marzo de 2024, aún bajo el impacto de la devaluación inicial implementada por el gobierno de La Libertad Avanza, las ventas de los supermercados habían registrado una caída del 9,3%. Un año después, el consumo en Argentina no muestra signos de recuperación tras el impacto inicial de las políticas económicas del gobierno.
Otras mediciones corroboran esta tendencia. El «Radar Autoservicios» de Scanntech también registró un desplome del 7,6% en marzo. Por su parte, el Índice de Ventas Minoristas pyme de la CAME, aunque mostró un aumento interanual del 10,5%, no logró compensar la fuerte caída del 12,6% registrada en marzo de 2024.
Aún no se dispone de los datos de consumo correspondientes a abril, pero la escalada de precios observada durante la primera quincena del mes, que se extiende desde mediados de marzo, anticipa que la actividad comercial no experimentará mejoras significativas.
El gobierno, si bien se atribuye el control de la inflación como un logro clave de cara a las elecciones legislativas, omite señalar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una desaceleración entre agosto y noviembre de 2024, seguida de un repunte en diciembre debido a la estacionalidad de las fiestas. Tras una caída previsible en enero, la inflación retomó su ascenso en febrero y se disparó en marzo, alcanzando un 3,7%. Este dato fue minimizado por el presidente Javier Milei y su equipo, quienes lo opacaron con los anuncios del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la eliminación del cepo cambiario.
El IPC de abril será determinante para confirmar la tendencia. Mientras tanto, el acuerdo con el FMI implica un aumento del endeudamiento externo y un mayor ajuste interno para sostener el superávit fiscal. Los anuncios sobre el cepo cambiario, por su parte, encubren una nueva devaluación, que previsiblemente afectará el poder adquisitivo de los trabajadores y la clase media.
Esta devaluación, que comenzó a implementarse de forma gradual desde marzo, cuando el acuerdo con el FMI y el ajuste cambiario aún estaban en negociación, impulsó la especulación y el aumento de precios en alimentos y otros productos de consumo masivo.
En este contexto, los supermercados manifestaron su decisión de no aceptar listas de precios con aumentos, argumentando que las ventas se encuentran en retracción. Sin embargo, los que sí daban cuenta de aumentos eran los comercios barriales, almacenes y autoservicios chicos, que contaban que algunos proveedores les anunciaron aumentos de entre el 5 y el 9% para la semana, de un nivel similar a los que se habían visto en semanas previas.
