El organismo, que visitará el país a fin de mes, evaluará las metas económicas y empujará por reformas estructurales en un contexto de ajustes y dilación de los cambios más profundos por parte del gobierno argentino.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó el envío de una misión a Buenos Aires para fines de este mes, con el objetivo de realizar la primera revisión del programa de facilidades extendidas firmado en abril. La delegación evaluará el progreso en las metas y objetivos del acuerdo, y, de acuerdo con la vocera oficial del organismo, Julie Kozack, también discutirá la «agenda de reformas» que se espera de las autoridades argentinas.
La llegada de la misión desestima las especulaciones sobre una posible extensión del plazo para que Argentina cumpliera las metas, especialmente la de acumulación de reservas fijada para el pasado viernes. Si bien el gobierno recurrió a un préstamo de 2.000 millones de dólares con bancos internacionales, garantizado con Bopreales, para que las reservas brutas alcanzaran los 40.461 millones de dólares, se estima que, bajo la metodología del FMI, el país deberá solicitar un «waiver» o dispensa por no haber cumplido la meta.
Más allá de las metas cuantitativas —como la acumulación de reservas, el superávit fiscal y la emisión monetaria cero, estas dos últimas cumplidas—, el FMI ha vuelto a poner el foco en las reformas estructurales de largo plazo. Estas incluyen cambios en el sistema impositivo, previsional y laboral, temas que el organismo viene intentando impulsar en Argentina durante años y que reitera en cada nuevo acuerdo.
Si bien el gobierno de Javier Milei se jactó de implementar «el ajuste más grande en la historia de la humanidad» y de llevar adelante políticas de austeridad fiscal alineadas con el FMI, el ritmo de las reformas de fondo es diferente. Desde la Casa Rosada admiten que, aunque hay ideas y discusiones en marcha, las posibles tensiones sociales y políticas aconsejan demorar cualquier cambio profundo hasta 2026, después de las elecciones legislativas.
Entre los cambios ya implementados en línea con las demandas del Fondo, se destaca la flexibilización del cepo cambiario y el cese de la «tablita» de actualización del dólar, que ahora flota en una franja acotada entre 1.000 y 1.400 pesos por unidad. También se desmontó el «blend» para el sector exportador, lo que contribuyó a ordenar el sistema cambiario.
Además, se avanzó en la quita de subsidios a los servicios públicos y en el cese de la moratoria previsional, una medida que ha cerrado la puerta a aquellos trabajadores sin la totalidad de los aportes requeridos.
En materia impositiva, el gobierno abrió el debate sobre un nuevo sistema de IVA que dejaría de ser coparticipado, con una parte fija para la Nación y otra determinada por cada provincia, buscando generar competencia territorial para atraer inversiones.
Para el FMI, la implementación de estas reformas de largo plazo es una cuestión doctrinaria. El organismo proyecta que la flexibilización de las restricciones cambiarias, el retorno a los mercados internacionales de capitales y los esfuerzos por simplificar el sistema tributario contribuirán a cerrar las brechas estructurales y los obstáculos al crecimiento. Incluso, el FMI se aventura a estimar que estas disposiciones podrían impulsar el PBI de Argentina en más de 1,5 puntos porcentuales anuales durante cinco años, y hasta en un 2,5 puntos porcentuales adicionales si se reducen las restricciones externas.
