La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 424/2025, se justifica en que los fondos ya habrían sido destinados a través de medidas previas, una afirmación que contrasta con los datos oficiales y la realidad que viven miles de afectados en el distrito bonaerense.
Lo que muchos anticipaban, finalmente ocurrió. El Gobierno nacional ha vetado la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca y Coronel Rosales, y que preveía un fondo de $200.000 millones para la asistencia a los damnificados.
El argumento central del Ejecutivo para el veto es que las medidas de asistencia ya fueron implementadas mediante el Decreto 238/25, que estableció el Suplemento Único para la Recostrucción (SUR). Sin embargo, las cifras proporcionadas por el propio Gobierno revelan una situación crítica: de los 37.546 inscriptos para recibir el subsidio, 3.962 casos siguen en análisis y un 4% (unas 1.500 personas) fueron rechazados. Esto significa que más de 5.500 personas, casi el 15% del total de solicitantes, aún no han recibido la ayuda prometida o se les ha denegado.
La Ley 27.790, impulsada por senadores bonaerenses, no solo contemplaba la creación de un fondo especial, sino también exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación. El Gobierno, al vetar la ley en su totalidad, omite que gran parte de los fondos iban a ser destinados a obras de infraestructura cruciales para la reconstrucción de la ciudad, como las vías que conectan con el norte y el oeste del país, fundamentales para el aparato productivo, incluyendo la conexión Vaca Muerta-Bahía Blanca.
El Ejecutivo también alegó la falta de una partida presupuestaria específica para implementar la ley, lo que «incumple las leyes de administración financiera». Esta justificación genera controversia, ya que los gobiernos suelen contar con fondos interministeriales para catástrofes y emergencias.
Otro punto de fricción es el rechazo del Gobierno a incluir a Coronel Rosales en el plan de asistencia, argumentando que no fue considerada entre las zonas más afectadas por informes técnicos. Esta decisión se suma a las fuertes críticas de sectores sociales y políticos que denuncian demoras en la asistencia, situación que ya generó protestas y acampes en Ingeniero White y otros barrios afectados.
Este veto se suma a otra decisión del Ejecutivo que ya había impactado negativamente en la región: la mudanza, de manera inconsulta, de la planta de GNL que YPF y Petronas iban a construir en Bahía Blanca a Punta Colorada (Río Negro). Esta medida derivó en el desistimiento de la empresa malaya, lo que significó la pérdida de miles de puestos de trabajo y millones de dólares en inversiones que se esperaban para los próximos años en la zona.
Con las marcas de la inundación aún visibles y la presencia del Gobierno nacional convertida en cosa del pasado, Bahía Blanca y Coronel Rosales enfrentan un futuro incierto, con la esperanza de reconstrucción atada a promesas que, para muchos, aún no se cumplen.
