Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte sobre un drástico recorte en las políticas de cuidado durante la gestión libertaria. El informe señala que solo 4 de las 50 iniciativas preexistentes permanecen activas, impactando severamente a jubilados, personas con discapacidad, mujeres y trabajadoras precarizadas.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la política de «motosierra» sobre el gasto público tuvo un impacto devastador en las políticas de cuidado. Así lo revela un reciente informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que asegura que «solo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado» a nivel nacional y que «2.866.000 personas perdieron al menos una» de las prestaciones a las que eran destinatarias.
Lucía de la Vega, coordinadora del Equipo Transversal Feminista del CELS, explicó a Noticias Argentinas que de las 50 políticas de cuidado existentes a nivel nacional, «solo 4 quedaron vigentes«. Estas se vinculan principalmente a transferencias directas de ingresos, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Aunque la AUH tuvo un incremento en su valor, De la Vega subraya que «resulta sumamente insuficiente» para cubrir las demandas de cuidado en las familias, lo que refuerza un modelo más individualista de asistencia.
El informe del CELS, que coincide con los recurrentes reclamos de los jubilados, expone la crítica situación de los adultos mayores que, sin la moratoria previsional vigente, «deben elegir entre comer o medicarse».
El texto detalla que quienes perciben la jubilación mínima más el bono necesitan otros $45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no caer en la pobreza. Además, la cantidad de personas mayores con medicamentos cubiertos por PAMI se redujo drásticamente de 4,6 millones a 3,8 millones.
La situación de las personas con discapacidad también es alarmante. El informe denuncia «más trámites y menos prestaciones» para este colectivo, debido al recorte presupuestario que sufre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde diciembre de 2023.
Como consecuencia, el porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad «creció del 40% al 75%, y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes». De la Vega enfatizó que estas decisiones se toman «sin mucha fundamentación».
El CELS también aborda cómo estas políticas afectan la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Si bien las transferencias de ingresos a las infancias se sostienen «con límites», se observa un desfinanciamiento de todas las políticas que buscan la socialización del cuidado infantil. Paralelamente, se «desarman» las políticas de educación sexual, incluyendo aspectos clave como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el acceso a métodos anticonceptivos. «A largo plazo se reproduce desigualdad», asegura el informe.
Finalmente, el CELS advierte sobre el abandono de las políticas destinadas a corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. De la Vega mencionó que «no hay cupos vinculados al cupo travesti-trans», que ya no se encuentra vigente, y que las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero. La situación de las mujeres rurales, que se encuentran en emergencia, también fue destacada como «muy grave».
El panorama presentado por el CELS dibuja un escenario de desprotección creciente para los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, en un contexto de marcada reducción del rol del Estado en las políticas de cuidado.
