El presidente oficializó el veto total a las leyes que proponían un aumento a las jubilaciones, la renovación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, argumentando razones fiscales y cuestionando el proceso legislativo.
El presidente Javier Milei formalizó este lunes a través del Boletín Oficial el veto total a tres leyes sociales aprobadas recientemente por el Congreso: el aumento de jubilaciones, la renovación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo justificó la medida en términos fiscales y de procedimiento legislativo.
Fundamentos del veto
Según el Decreto 534/2025, el Gobierno sostiene que la implementación de estas leyes implicaría un gasto fiscal excesivo, estimado en más de 7 billones de pesos para 2025 y casi 17 billones para 2026. Este gasto representaría casi un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025 y un 1,68% en 2026, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal que la administración considera fundamental.
Además, se señalaron irregularidades en la aprobación legislativa, ya que la sesión del Senado del 10 de julio no habría cumplido con los requisitos formales de convocatoria y se aprobó con una mayoría simple en lugar de la mayoría calificada exigida, de acuerdo con la interpretación oficial.
Contenido de las leyes vetadas
Incremento en jubilaciones: proponía un aumento de emergencia del 7,2%, la creación de un bono permanente actualizado de $110.000 y recursos para fortalecer las cajas previsionales provinciales.
Moratoria previsional: buscaba reactivar por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional para facilitar el acceso a la jubilación sin completar los 30 años de aportes, además de flexibilizar los requisitos para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Emergencia en discapacidad: establecía una emergencia nacional hasta 2026, la creación de una nueva Pensión No Contributiva para personas con discapacidad y un subsidio temporal para los prestadores del sistema.
Tras el veto presidencial, el Congreso deberá evaluar si cuenta con la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir y dar validez a las leyes vetadas, un proceso que marcará los próximos pasos en esta disputa política.
