El Ejecutivo decidió rematar 34 hectáreas del Instituto Nacional del Agua (INA), donde funcionan laboratorios estratégicos para obras hidráulicas y estudios marítimos. Parte de los terrenos ya fue cedida al Club Atlético River Plate, mientras el personal denuncia pérdida de infraestructura y proyectos en curso.
El INA, clave en investigaciones de recursos hídricos y modelado de represas como Yacyretá, mantiene laboratorios donde se simulan grandes obras y se desarrollan estudios para puertos, erosión costera y energías marinas. Los técnicos advierten que se trata de infraestructura vital para el país y la región, mientras que el Gobierno argumenta que las instalaciones están “en desuso” y que no afectan “políticas públicas en ejecución”.
La motosierra oficial también afectó al personal: desde diciembre de 2023, el Instituto perdió un 25% de sus trabajadores, pasando de 332 a 254 empleados. Esto dificulta la continuidad de proyectos estratégicos, la capacidad de respuesta ante inundaciones urbanas y el monitoreo de abastecimiento de agua potable.
A esto se suma la pérdida de autonomía: el Gobierno le quitó la personería jurídica al INA en junio, transformándolo de organismo descentralizado a depender directamente del Ministerio de Economía. Los especialistas advierten que la venta de terrenos y los recortes comprometen la planificación y ejecución de proyectos hidráulicos esenciales.
El Poder Legislativo puede frenar la medida: el próximo miércoles se tratará el Decreto 396/2025, que podría ser derogado si se obtiene el apoyo necesario. Mientras tanto, trabajadores y expertos alertan que la venta no solo afecta al Instituto, sino que debilita la capacidad del país para gestionar sus recursos hídricos de manera eficiente, poniendo en riesgo proyectos de seguridad hídrica y desarrollo regional.
