El gobierno celebró que el índice bajara al 31,6%, pero especialistas, universidades y sindicatos advierten que la medición sobreestima los ingresos informales, no actualiza la canasta de consumo y subestima el peso de tarifas y servicios básicos.
El Ministerio de Capital Humano difundió esta semana con entusiasmo la nueva cifra oficial de pobreza: 31,6% de la población. Según el comunicado, en un año más de 6,2 millones de personas habrían dejado esa condición gracias a la baja de la inflación y a la estabilización de la economía. Sin embargo, el dato fue puesto en duda de inmediato por los propios técnicos del Indec y por diferentes centros de estudio, que señalaron inconsistencias en la metodología y un uso político de las cifras.
La UCA, a través de su Observatorio de la Deuda Social, advirtió que se trata de un “descenso sobrerrepresentado” y explicó que la Encuesta Permanente de Hogares mejoró el registro de ingresos en un escenario de menor inflación, lo que amplificó la caída. Además, subrayó que el cálculo sigue atado a canastas de consumo de 2004-2005, sin incorporar el impacto de la recomposición tarifaria ni de los gastos en servicios esenciales. En la misma línea, el CEPA sostuvo que el organismo oficial mantiene artificialmente bajo el valor de la canasta básica y que, si se aplicara la metodología de 2018, la pobreza sería al menos 8 puntos más alta.
Otros economistas, como Eduardo Chávez Molina y Claudio Lozano, coincidieron en que los números del Indec reflejan una submedición. Apuntaron que la encuesta capta de manera “extrañamente favorable” los ingresos de los trabajadores informales, mientras los indicadores de consumo masivo y de salarios registrados muestran caídas significativas. Para ellos, la pobreza real se ubica más cerca del 35 o 36% de la población. “No hay nadie que crea en estos datos. Si hubiera esa baja, el oficialismo no habría sufrido la derrota electoral que sufrió”, sostuvo Lozano.
