El gobierno busca enviar al Congreso un paquete de cambios laborales e impositivos que profundiza la línea desreguladora defendida por el Ejecutivo y el FMI: fin de juicios laborales, paritarias por mérito, flexibilización del empleo registrado y apertura a la elección de la moneda salarial.
Con el impulso que le dio el resultado electoral y una composición parlamentaria más favorable, el equipo de Javier Milei prepara un segundo intento de reforma laboral orientada a reducir costos laborales y desregular el mercado de trabajo. El paquete retoma muchos de los puntos que ya figuraban en la fallida sección laboral de la Ley Bases: eliminar grandes protecciones laborales, orientar las negociaciones salariales hacia acuerdos “libres” y disminuir la exposición del empleador a litigios y obligaciones indemnizatorias.
Según los lineamientos que difundieron el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente y el vocero del Ejecutivo, la reforma incluirá, entre otros puntos, la sustitución de las paritarias por negociaciones individuales o por “paritarias por mérito”, la eliminación o acotamiento drástico de la indemnización por despido, la prohibición de demandas laborales como vía efectiva de reclamo y la desaparición de los convenios colectivos. También se promueve la posibilidad de que los empleadores y trabajadores pacten el pago de salarios en la moneda que acuerden, una medida que implicará una profunda liberalización cambiaria en el orden laboral.
Un cambio estructural que ya aparece en los discursos oficiales apunta a asimilar el empleo registrado a formas de informalidad: se pretende que se considere correcto el vínculo laboral cuando el trabajador factura como monotributista en lugar de percibir un recibo de sueldo. Ese esquema, dicen sus promotores, abarataría la contratación; para críticos y especialistas consultados, lo único que formalizaría sería la precariedad y la pérdida de derechos sociales y previsionales.
Voces del mundo del trabajo y del derecho laboral advirtieron con dureza. El exministro Carlos Tomada calificó la iniciativa como el intento de completar un proyecto iniciado con la Ley Bases y remarcó que, además del retroceso normativo, la reforma no garantiza una recuperación sostenida del empleo en la economía real. La abogada laboralista Laura Sasprizza señaló que el paquete resulta “peligroso” para las conquistas históricas y advirtió que la experiencia argentina y comparada no muestra correlación entre desregulación extrema y creación de empleo estable.
Más allá del capítulo laboral, el plan oficial se inscribe en un conjunto de reformas reclamadas por el FMI y por sectores empresariales: reforma tributaria, desregulación del mercado eléctrico, revisión de fondos fiduciarios y entes extrapresupuestarios, diagnóstico y cambios en el sistema de jubilaciones, y un plan para privatizar o concesionar empresas estatales. A continuación, el decálogo que circula como referencia de prioridades:
- Reforma tributaria orientada a “mejorar la eficiencia” del sistema.
- Desregulación del mercado eléctrico mayorista.
- Diagnóstico y propuestas para reformar el sistema de pensiones.
- Eliminación de fondos fiduciarios considerados ineficientes.
- Racionalización de entidades extrapresupuestarias.
- Plan para privatizar o concesionar empresas estatales incluidas en la Ley Bases.
- Integración de bases administrativas en un registro único para asistencia social.
- Reformas en el esquema de coparticipación y distribución de ingresos.
- Marco fiscal de mediano plazo con presupuesto de déficit cero y reglas de responsabilidad fiscal.
- Reducción de sanciones por irregularidades fiscales para “favorecer la actividad económica”.
La viabilidad parlamentaria será clave. El Gobierno ya intentó en 2023 avanzar por la vía del decreto y, tras el rechazo y la movilización sindical que frena medidas extremas, terminó sancionando una Ley Bases con un capítulo laboral recortado. Esta vez, con mayor poder en Diputados y con la posibilidad de negociar con bloques provinciales, el Ejecutivo buscará mayor margen de maniobra para introducir cambios estructurales que, según sus promotores, devolverán competitividad; según la oposición y sindicatos, profundizarán la precarización y debilitarán la negociación colectiva.
El debate público y la conflictividad social que puedan generar estas reformas estarán en el centro de la agenda política en las próximas semanas. Si persiste la intención de prohibir los juicios laborales y reducir drásticamente las indemnizaciones, la respuesta de la CGT, de las organizaciones de izquierda y de sectores profesionales del derecho laboral será un factor decisivo para el curso legislativo y para la capacidad del gobierno de convertir el poder electoral en medidas concretas.
