El gobierno prepara una reforma educativa. Especialistas advierten que la propuesta pone en riesgo el carácter público de la educación, debilita el rol del Estado y profundiza desigualdades sociales. Señalan efectos negativos en la socialización, la protección de derechos y la igualdad de oportunidades.
Apenas cuatro años después de haber levantado la consigna de “abrir las escuelas” durante la pandemia, los sectores hoy en el gobierno impulsan un cambio de fondo en el sistema educativo con el homeschooling como paradigma. Bajo el discurso de la “modernización” y la “educación personalizada”, el proyecto promovido por La Libertad Avanza plantea una transformación que, según especialistas, desarma los pilares históricos de la educación argentina, construidos desde la Ley 1420 y reafirmados por la Ley de Educación Nacional. La iniciativa redefine la educación básica como una responsabilidad principalmente familiar y habilita formas de enseñanza por fuera de la escuela, con evaluaciones estandarizadas como único control estatal.
Para la docente y licenciada en Ciencias de la Educación Graciela Favilli, la propuesta supone un corrimiento profundo del Estado: “La gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad quedan debilitadas, al igual que la responsabilidad estatal de garantizar la educación para todos”. Aunque la participación de las familias aparece presentada como un valor positivo, advierte que se trata de una mirada idealizada que desconoce las condiciones reales de vida de la mayoría de los hogares, donde ya resulta difícil sostener instancias básicas de participación escolar, y mucho más asumir la planificación y enseñanza de contenidos curriculares complejos.
Desde una perspectiva psicopedagógica y de derechos, Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, señala que el homeschooling encierra riesgos psicosociales y jurídicos significativos. En la Argentina, explica, la modalidad se mueve en un vacío legal: la escolaridad es obligatoria, pero no existe un marco claro que regule la educación en el hogar. La experiencia internacional muestra que, aun con rendimientos académicos aceptables, muchos jóvenes educados fuera de la escuela enfrentan dificultades de integración social y emocional, además de quedar más expuestos a situaciones de vulneración de derechos sin la mirada protectora de docentes e instituciones.
Las críticas también apuntan al impacto desigual de la reforma. En un país atravesado por fuertes brechas sociales, quienes hoy no asisten regularmente a la escuela son, en su mayoría, niños y adolescentes de sectores empobrecidos, obligados a trabajar, cuidar a otros o atravesar contextos de violencia y abandono estatal. Investigaciones recientes del Programa Juventud de FLACSO indican que el abandono escolar se concentra en los quintiles más bajos de ingresos, mientras que los sectores altos casi no aparecen en esas estadísticas. Para investigadores y docentes, lejos de ampliar libertades, el homeschooling profundiza la privatización de la educación y erosiona la escuela como espacio de encuentro, socialización y construcción democrática, un rol que la pandemia dejó en evidencia cuando el encierro impactó de lleno en la salud mental infantil.
En ese marco, las y los especialistas coinciden en que el debate no debería centrarse en retirar a las infancias del sistema escolar, sino en fortalecer la escuela pública, garantizar condiciones de cuidado, personalización pedagógica y recursos suficientes. “La educación no es un servicio individual que se consume en el hogar —subraya Dueñas—, sino un acto colectivo y político que construye lo común. Sin escuela, no hay modernización: hay retroceso”.
