El juez Martín Cormick declaró inválida la resolución impulsada por Patricia Bullrich al considerar que invadió atribuciones del Congreso y vulneró derechos constitucionales. La decisión respondió a un amparo colectivo promovido por el CELS junto a sindicatos y organismos de derechos humanos.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 declaró nulo el denominado protocolo antipiquetes, una de las principales herramientas del Ministerio de Seguridad para intervenir en protestas sociales desde diciembre de 2023. El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y acompañado por organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos, entre ellas Sipreba y Amnistía Internacional Argentina.
La resolución cuestionada, identificada como Resolución 943/23, establecía que toda manifestación que interrumpiera el tránsito debía ser considerada un delito en flagrancia, habilitando la intervención inmediata de las fuerzas federales. Para el magistrado, ese esquema implicó una regulación encubierta de derechos constitucionales, como el derecho a peticionar, reunirse y manifestarse, facultad que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo y no puede ser definida mediante una norma administrativa.
En los fundamentos del fallo, Cormick sostuvo que el Ministerio de Seguridad avanzó sobre competencias que no le son propias al modificar, de hecho, el alcance de normas penales y procesales vigentes, incluida la interpretación del artículo 194 del Código Penal. También advirtió que el protocolo omitió referencias a las leyes orgánicas que regulan la actuación de las fuerzas federales y a los tratados internacionales de derechos humanos, lo que podía derivar en abusos de autoridad y violaciones a estándares convencionales.
Desde el CELS celebraron la decisión judicial y remarcaron que el protocolo buscó restringir al máximo el derecho a la protesta mediante una resolución ministerial, sin debate parlamentario. Especialistas en derecho señalaron que, si el fallo queda firme, podría abrir la puerta a nuevas impugnaciones judiciales contra operativos realizados bajo ese marco. La sentencia representó así un revés significativo para la política de seguridad del Gobierno y reabrió el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal frente a la protesta social.
