UN TRIBUNAL DE APELACIONES DE EEUU BENEFICIÓ A ARGENTINA, OBJETÓ EL FALLO DE PRESKA Y SUSPENDE EL PAGO POR YPF

Una corte de apelaciones cuestionó la interpretación de la jueza Loretta Preska y devolvió el expediente para una nueva evaluación. El Gobierno celebró la decisión y aseguró que no corresponde abonar la indemnización reclamada.

Una corte de apelaciones cuestionó la interpretación de la jueza Loretta Preska y devolvió el expediente para una nueva evaluación. El Gobierno celebró la decisión y aseguró que no corresponde abonar la indemnización reclamada.

La Justicia de Estados Unidos introdujo un giro relevante en el litigio por la expropiación de YPF al ordenar la revisión del fallo que obligaba a la Argentina a pagar una indemnización millonaria. La decisión fue tomada por una corte de apelaciones, que consideró que la jueza Loretta Preska habría interpretado de manera errónea la legislación argentina al momento de dictar sentencia.

A partir de este pronunciamiento, el expediente volverá al juzgado de primera instancia para que se reevalúen los fundamentos del fallo, lo que en los hechos implica un freno inmediato al pago. La suma en discusión ronda los 16 mil millones de dólares —que con intereses se acerca a los 18 mil millones—, una cifra de alto impacto para las cuentas públicas.

Desde el Gobierno nacional celebraron la resolución. El presidente Javier Milei sostuvo que el fallo refuerza la posición argentina y descarta, por ahora, la obligación de desembolsar ese monto, en línea con la estrategia oficial de cuestionar la sentencia original.

El caso se remonta a la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino avanzó sobre el control de la compañía, lo que dio lugar a demandas en tribunales internacionales. Desde entonces, el proceso judicial se desarrolla en Nueva York y acumula fallos, apelaciones y controversias en torno a la aplicación del derecho argentino en cortes extranjeras.

Con esta resolución, el litigio entra en una nueva etapa: la revisión de los criterios que sustentaron la condena inicial, un punto clave que podría modificar el desenlace del caso o, al menos, prolongar los tiempos judiciales en uno de los expedientes más sensibles para la economía argentina.

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