Un fallo del fuero laboral hizo lugar a una cautelar impulsada por la CGT y dejó en suspenso más de 80 disposiciones de la ley 27.802. El Ejecutivo adelantó que recurrirá la decisión y defenderá la norma en todas las instancias judiciales.
La Justicia laboral dictó una suspensión provisoria sobre más de ochenta artículos de la reforma laboral sancionada a comienzos de marzo, tras una presentación de la CGT. El fallo, firmado por el juez Raúl Ojeda en el marco de una acción declarativa impulsada por los dirigentes Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó en una primera evaluación distintos puntos de la ley por su posible afectación de derechos constitucionales de los trabajadores. Entre los aspectos alcanzados figuran cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, la eliminación del principio de irrenunciabilidad, modificaciones en la jornada laboral y limitaciones a la responsabilidad solidaria en casos de tercerización.
En su resolución, el tribunal remarcó que los derechos laborales cuentan con protección constitucional preferente y advirtió que una reforma regresiva debería estar acompañada de mejoras que no fueron acreditadas en esta instancia. También quedaron bajo suspensión disposiciones vinculadas a la actividad sindical, como la regulación de asambleas y huelgas, y la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, cuyo diseño —según el fallo— no garantiza un efecto disuasivo frente a despidos injustificados. La medida cautelar regirá hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, con el objetivo de evitar efectos jurídicos irreversibles.
Tras conocerse la decisión, el Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo. A través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello y con patrocinio de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo sostuvo que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para asegurar la vigencia de la ley. En un comunicado, defendió la reforma como una herramienta clave para generar empleo formal y mejorar la competitividad, y cuestionó —sin mencionarlos directamente— a los sectores que buscan frenar su implementación, a los que acusó de priorizar “intereses corporativos” por sobre la salida del estancamiento económico.
