Una docena de distritos pidió anticipos de coparticipación ante la merma de ingresos. El Ejecutivo atribuye la baja a la reducción de impuestos, mientras informes privados advierten por el impacto de la recesión y la caída de transferencias.
El gobierno de Javier Milei resolvió otorgar anticipos financieros por unos $400.000 millones a doce provincias que enfrentan dificultades para cubrir gastos corrientes, en un contexto de fuerte caída de la recaudación. La medida quedó formalizada en el decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, y apunta a compensar la merma de recursos registrada durante el primer trimestre del año. Según el texto, varias jurisdicciones manifestaron que no pueden afrontar compromisos urgentes vinculados a su funcionamiento y al pago de deudas.
El esquema dispuesto por la Nación prevé que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo mes, mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación. Además, el financiamiento se otorga a una tasa del 15% anual, con el objetivo de evitar que las provincias recurran al mercado en condiciones más onerosas. Entre los distritos que solicitaron asistencia figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En total, la caída de los envíos nacionales —entre transferencias automáticas y discrecionales— alcanzó el 8,3% real en el primer trimestre.
Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, atribuyen la baja de ingresos a la política de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno. Sin embargo, distintos análisis señalan que el deterioro responde también a la caída de la actividad económica. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advirtió que la recaudación coparticipable —principalmente IVA y Ganancias— mostró un retroceso sostenido, lo que impacta de lleno en las finanzas provinciales. En paralelo, el exfuncionario Guillermo Michel estimó que los recursos tributarios totales alcanzaron $50,6 billones en el período, pero solo el 32% fue distribuido a las provincias, que además sufrieron una pérdida real de ingresos cercana a $1,1 billones.
Otros relevamientos, como el de la consultora Politikon Chaco, profundizan el diagnóstico: las transferencias automáticas cayeron 6,4% real, mientras que las no automáticas se desplomaron 59,1%, lo que explica gran parte del deterioro fiscal en las jurisdicciones. En ese escenario, el auxilio dispuesto por la Nación funciona como un rescate financiero de corto plazo, en medio de un esquema que combina ajuste fiscal, menor recaudación y creciente dependencia de las provincias respecto de los envíos nacionales.
