Un relevamiento del Consejo de la Magistratura mostró que la mayoría de los detenidos con prisión domiciliaria por delitos federales tiene menos restricciones que Cristina Fernández de Kirchner. La defensa de la exmandataria volverá a reclamar una morigeración de las condiciones impuestas por la Justicia.
Un informe elaborado por el Consejo de la Magistratura expuso diferencias en las condiciones de arresto domiciliario entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros detenidos por delitos federales de mayor gravedad, como narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. El documento, realizado a partir de pedidos de acceso a la información pública, sostiene que la exmandataria enfrenta un régimen de control y restricciones más severo que el aplicado a gran parte de los presos federales bajo modalidad domiciliaria.
Según fuentes cercanas a la exjefa de Estado, su equipo de abogados prepara un nuevo pedido para flexibilizar las condiciones de detención. El informe fue impulsado por los consejeros y legisladores Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y César Grau.
Los datos relevados muestran que, sobre un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, apenas el 23,96% utiliza tobillera electrónica, mientras que solo el 1,76% tiene restricciones específicas para recibir visitas. Es decir, el 98,24% puede mantener encuentros sin limitaciones particulares. El informe remarca además que predominan esquemas de control reducidos incluso en delitos considerados de alta sensibilidad institucional.
En las causas por narcotráfico, las restricciones aparecen todavía más relajadas. De 1.280 personas detenidas bajo esa modalidad, únicamente ocho casos —el 0,86%— registran limitaciones en el régimen de visitas. Además, el 42,73% posee permisos de salida para actividades laborales, educativas, médicas o familiares.
La situación también alcanza a los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. Allí, el 44,12% utiliza tobillera electrónica, mientras que el 84,38% no presenta restricciones de visitas y más de la mitad cuenta con permisos de salida, principalmente por cuestiones médicas o caminatas autorizadas.
El endurecimiento de las condiciones sobre Cristina Kirchner fue dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena de la causa Vialidad. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso limitaron las visitas a dos encuentros semanales, con un máximo de tres personas en simultáneo y un tope horario de dos horas por reunión.
La decisión llegó después de que la expresidenta recibiera en su domicilio a un grupo de economistas, situación que el tribunal interpretó como una provocación. Además de las restricciones de visitas, el TOF 2 le prohibió “alterar la tranquilidad del vecindario o dar discursos públicos” y estableció revisiones periódicas de las condiciones de arresto cada tres meses.
A comienzos de este año, la defensa de Cristina Kirchner pidió ante la Cámara Federal de Casación Penal que revisara esas medidas y habilitara la feria judicial para tratarlas, pero la Sala IV rechazó el planteo. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes mantuvieron vigentes todas las restricciones impuestas sobre la exmandataria.
