El Gobierno incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que emitan «mensajes de odio» contra la Argentina. Especialistas y organismos de derechos humanos advierten que la norma amplía la discrecionalidad del Estado, restringe derechos y podría ser inconstitucional.
El gobierno de Javier Milei volvió a modificar por decreto la política migratoria. A través del DNU 681/2026, incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o expulsar a personas extranjeras que emitan «mensajes de odio» contra la Argentina o sus ciudadanos, o que participen en actos considerados de ultraje a los símbolos patrios.
La decisión fue presentada por la Casa Rosada como una respuesta al aumento de expresiones hostiles contra el país tras la final del Mundial de fútbol. Sin embargo, el decreto no aporta estadísticas ni casos concretos que respalden esa afirmación, lo que generó cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, organismos de derechos humanos y referentes de la oposición.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la amplitud de los conceptos utilizados por la norma. El texto no define con precisión qué debe entenderse por «mensajes de odio» ni cómo se diferenciarán esas conductas de una crítica legítima o del ejercicio de la libertad de expresión.
El abogado Pablo Ceriani Cernadas, director de la especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, advirtió que el decreto otorga a la Dirección Nacional de Migraciones facultades que exceden sus competencias. «Se abre el camino a todo tipo de arbitrariedades», sostuvo, al señalar que será el propio Poder Ejecutivo quien determine qué expresiones pueden justificar una expulsión.
En la misma línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifestó su preocupación por el uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la legislación migratoria y por la posibilidad de que la norma habilite mecanismos de vigilancia sobre las expresiones de personas migrantes. Desde la organización también señalaron que analizan impulsar una presentación judicial para cuestionar la constitucionalidad del decreto.
La investigadora del Conicet Ana Paula Penchaszadeh, especialista en políticas migratorias, consideró que la medida profundiza el «giro restrictivo» impulsado por el Gobierno desde el inicio de su gestión y deja a la población migrante «en una situación mucho más vulnerable».
Según explicó, el decreto amplía la discrecionalidad de las autoridades migratorias porque no establece criterios objetivos para determinar qué constituye un discurso de odio. «¿Quién va a establecer esa diferencia? ¿Puede una autoridad migratoria realizar de manera proba esta tarea? Suena delirante», afirmó.
La especialista también cuestionó la contradicción entre el endurecimiento de las condiciones para los migrantes comunes y las políticas oficiales destinadas a atraer grandes inversiones extranjeras. En ese sentido, recordó que el Gobierno impulsó un régimen de ciudadanía por inversión mientras restringe derechos para quienes viven y trabajan en el país.
Otro de los puntos señalados por Penchaszadeh es que, de aplicarse el mismo criterio en otros países, el propio Javier Milei podría enfrentar restricciones por declaraciones realizadas contra mandatarios extranjeros. «Si se lo aplicara a él mismo en países de Europa, por ejemplo, el propio Milei no podría ingresar o sería expulsado de esos mismos países», sostuvo.
Las críticas también alcanzaron el plano político. Dirigentes de distintos espacios calificaron el decreto como inconstitucional por modificar una ley mediante un DNU sin demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que impidan el tratamiento legislativo.
Para los especialistas, el nuevo decreto se suma a una serie de modificaciones impulsadas por el Gobierno sobre la legislación migratoria mediante decretos de necesidad y urgencia. Advierten que ese conjunto de medidas implica un cambio profundo respecto del paradigma de derechos humanos que había caracterizado a la política migratoria argentina desde la sanción de la Ley de Migraciones de 2004.
