La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida que ordena aplicar los artículos vinculados a salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles. El expediente volverá al juzgado de primera instancia para su ejecución.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó la vigencia de la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario relacionados con la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.
La decisión judicial se produjo luego de que la Cámara considerara abstracta la apelación presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ya que la Corte Suprema había rechazado el 25 de junio el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional.
Con este fallo, el expediente volverá al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Martín Cormick, para avanzar con la ejecución de la medida cautelar. Ese trámite había quedado suspendido mientras la Corte analizaba la presentación realizada por el Gobierno.
El abogado del CIN, Pablo Manili, sostuvo que la resolución elimina los obstáculos procesales que impedían exigir el cumplimiento de la cautelar. En la misma línea, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) afirmó que la causa regresa a primera instancia para que la medida sea ejecutada plenamente.
En paralelo, el diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El legislador argumentó que el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido sancionada por el Congreso, promulgada y posteriormente ratificada por la Justicia.
Según Paulón, el Decreto 759/2025 suspendió la aplicación de la norma hasta que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento, aunque la propia ley facultó al jefe de Gabinete a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
El conflicto se mantiene abierto debido a que el Gobierno presentó, tras el fallo de la Corte, un escrito solicitando el levantamiento de la medida cautelar. En esa presentación sostuvo que los acuerdos firmados en junio entre el Ministerio de Capital Humano, el CIN y los gremios universitarios habrían satisfecho los objetivos establecidos por la ley.
Ahora será el juez Cormick quien deberá resolver ese planteo antes de avanzar con la ejecución de la cautelar. Entre las alternativas, podrá considerar suficientes los acuerdos alcanzados o disponer que el Gobierno cumpla de manera inmediata con los artículos de la ley, incluyendo el pago de los incrementos retroactivos previstos para docentes, no docentes y becarios.
