Las organizaciones reclamaban prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad para evitar nuevos retrocesos en los derechos y las prestaciones. Tras la caída de la sesión, convocaron a retomar la movilización el miércoles 21 de octubre.
La oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión en la Cámara baja, donde buscaba debatir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el rechazo al DNU 70/23. La caída del debate generó indignación entre las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del sector, que se habían movilizado frente al Congreso para reclamar la continuidad de la norma.
“Es un nuevo ataque al colectivo de discapacidad”, denunció Fernando Gantesti, de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad. El dirigente calificó lo ocurrido como un ensañamiento sin antecedentes y aseguró que la lucha continuará en las calles para defender los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores.
Julia Domínguez, psicopedagoga de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, advirtió que el Gobierno apuesta al desgaste y al desánimo del colectivo. Según explicó, la incertidumbre sobre las prestaciones se traduce en demoras, pérdida de apoyos esenciales y angustia para las familias, además de dificultades para los profesionales que abandonan la actividad. “Vamos a saber convertir esta bronca en fuerza colectiva como lo hicimos desde un principio”, afirmó.
La referente anticipó que las organizaciones retomarán la movilización el miércoles 21 de octubre, fecha en la que también vence la Emergencia Pediátrica. “A su crueldad le vamos a responder con humanidad organizada”, sostuvo.
La emergencia, como piso del reclamo
La prórroga de la ley es una de las principales demandas de un sector golpeado por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y por los cuestionamientos oficiales sobre las pensiones por discapacidad. El conflicto se profundizó tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027, que inicialmente omitía el Nomenclador que regula los valores del sistema de prestaciones desde hace tres décadas. Aunque el oficialismo modificó su propuesta, las organizaciones denunciaron que la nueva versión se elaboró sin escuchar a las personas afectadas.
“Ese dictamen se hizo de espaldas a las personas con discapacidad”, cuestionó la actriz Valentina Bassi, referente del colectivo. Pablo Morelo, del Foro Permanente Discapacidad, sostuvo que la legislación vigente constituye el piso mínimo que debe garantizarse y señaló que todavía no contaban con el texto definitivo del proyecto oficial para evaluar sus alcances.
Morelo también cuestionó los argumentos del Gobierno sobre supuestas irregularidades en las pensiones. Según planteó, el debate público deja en segundo plano a quienes cuentan con certificado de discapacidad, pero no reciben la atención que necesitan. Además, remarcó que el Estado no cubre la totalidad de las prestaciones y estimó que, de cada cuatro personas atendidas, una recibe cobertura estatal.
Desde Córdoba, Andrea Cañas, referente de la comunidad CEA (Condición del Espectro Autista), calificó la caída de la sesión como “un retroceso enorme para nuestra sociedad” y cuestionó la estigmatización del colectivo. Para la dirigente, los principales perjudicados por estas políticas son quienes más necesitan el acompañamiento estatal.
Las organizaciones esperan reunir los apoyos necesarios para volver a sesionar el miércoles 21 y avanzar con la prórroga. Mientras tanto, sostienen el reclamo por la continuidad de las prestaciones y advierten que la falta de respuestas compromete derechos fundamentales de miles de personas y sus familias.
