La resistencia del Gobierno a financiar las universidades se suma al desgaste provocado por la situación económica y los recortes en otras áreas sensibles. El rechazo al incumplimiento de la ley alcanza incluso a sectores moderados, mientras la aprobación presidencial no llega al 39%.
La defensa del ajuste universitario se convirtió en otro frente de desgaste para Javier Milei. Mientras el oficialismo conserva herramientas para bloquear iniciativas opositoras en el Congreso, la decisión de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario acumula un rechazo que atraviesa las divisiones políticas. El conflicto, además, se desarrolla en un contexto de creciente malestar por los ingresos, la salud pública y las jubilaciones.
Un relevamiento nacional de Analogías, realizado entre el 10 y el 14 de octubre, encontró que el 62,7% desaprueba que el Ejecutivo incumpla la ley y los fallos judiciales sobre financiamiento universitario. Apenas el 26,6% respaldó esa conducta. La negativa llega al 70,6% entre las personas con estudios terciarios o universitarios, pero también alcanza a sectores que no están alineados con la oposición: el rechazo es del 70% entre los no polarizados y del 45% entre los identificados con el oficialismo moderado.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a poner esa disputa en las calles y terminó con incidentes y represión. Ese mismo día, Milei logró una victoria parlamentaria cuando sus aliados hicieron fracasar la sesión de Diputados que buscaba rechazar el DNU 70. La diferencia entre ambos escenarios es significativa: la capacidad de maniobra legislativa del Gobierno no se traduce necesariamente en respaldo social a sus decisiones.
Para Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías, el conflicto universitario forma parte de un conjunto de cuestiones que erosionan la imagen presidencial. El último sondeo de la consultora registró un 56,7% de valoración negativa de Milei, frente a un 38,9% de positiva.
Un malestar que se acumula
Los datos de otras consultoras apuntan en la misma dirección. Zuban Córdoba y Asociados midió un 92% de apoyo al reclamo universitario y un 94% de respaldo a la educación pública. Su directora de investigación, Paola Zuban, vinculó esos resultados con una insatisfacción más generalizada: el 64% de los encuestados por la firma manifestó disconformidad con la gestión nacional.
La explicación, sostuvo, no se agota en las universidades. El deterioro de los ingresos, los problemas del Hospital Garrahan, la situación de los jubilados y los recortes que afectan a las personas con discapacidad se acumulan en la experiencia cotidiana y alimentan el descontento. En ese escenario, las movilizaciones expresan un malestar que excede a cada reclamo particular.
Proyección Consultores también detectó un saldo negativo para el Ejecutivo: el 52,4% desaprueba su gestión y el 42% la evalúa positivamente. En la imagen personal del Presidente, las opiniones negativas alcanzan el 55,2%, contra un 41,9% de positivas.
Sin embargo, el impacto político de la protesta universitaria no es uniforme. Santiago Giorgetta, director asociado de Proyección, advirtió que buena parte de la sociedad no conoce en profundidad las implicancias legales y presupuestarias de la disputa. Cuando la pregunta se formula en términos más concretos, como el desfinanciamiento de las universidades públicas, la preocupación adquiere mayor alcance.
Giorgetta también señaló que el conflicto refuerza a los dos sectores enfrentados. Para quienes ya rechazan a Milei, la política universitaria aporta nuevos argumentos contra el Gobierno. Para sus seguidores, en cambio, los incidentes permiten sostener el discurso oficialista que presenta las protestas como parte de una ofensiva opositora. Esa dinámica ayuda al Presidente a conservar la cohesión de su núcleo de apoyo, aun cuando su imagen general se deteriora.
Ante esa dificultad, el analista planteó que las universidades podrían sumar nuevas estrategias de comunicación a las movilizaciones para explicar el alcance del conflicto a sectores menos politizados. No propuso abandonar las marchas, sino complementarlas con iniciativas capaces de hacer más comprensible una disputa que combina cuestiones jurídicas, presupuestarias y educativas.
Los números detrás de la disputa
El Gobierno sostiene su resistencia a aplicar la ley con argumentos fiscales, pero un informe de Zentrix Consultora cuestionó esa justificación. Según sus cálculos, financiar integralmente las universidades requeriría entre $2,45 y $3,65 billones en 2027. En paralelo, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones en Obligaciones a Cargo del Tesoro sin una asignación específica.
El estudio sostiene que esos recursos ya forman parte del gasto proyectado y que destinarlos a las universidades no necesariamente modificaría el resultado fiscal previsto. El planteo abre una discusión sobre las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y sobre la disponibilidad de fondos para cumplir con una norma aprobada por el Congreso.
Claudio Montiel, director de Zentrix, consideró que el incumplimiento genera rechazo, aunque relativizó su peso frente a las dificultades económicas que atraviesan los hogares. También señaló que se trata de una disputa prolongada, cuyo efecto sobre la imagen presidencial podría ser menor que en etapas anteriores. Según las mediciones de su consultora, la aprobación de Milei se encuentra actualmente entre el 36% y el 37%.
El Gobierno, por lo tanto, enfrenta un problema que no se resuelve únicamente con victorias parlamentarias. El ajuste universitario alimenta una desaprobación que ya alcanza a sectores moderados y se combina con otros focos de malestar social. Aunque el conflicto no parece suficiente, por sí solo, para quebrar el respaldo de los votantes más fieles al Presidente, sí expone el costo político de sostener el recorte educativo y resistir el cumplimiento de la ley.
