En el AMBA, un hogar sin subsidios necesitó $268.405 en septiembre para pagar servicios públicos y transporte, un 55% más que un año atrás. La suba de los pasajes redujo hasta un 21% la cantidad de pasajeros.
La reducción de los subsidios y los aumentos tarifarios modificaron el peso de los servicios públicos en el presupuesto de los hogares. En septiembre, la división de Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles del IPC aumentó un 3,1%, por encima de la inflación general del 1,9%. En los últimos doce meses, el incremento acumulado llegó al 49,1%, frente al 33,4% del índice general.
La brecha refleja una política que trasladó una proporción creciente del costo de los servicios a los usuarios. Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, el Gobierno avanzó con la reducción de subsidios y la actualización de las tarifas de energía y agua, en el marco de la emergencia energética declarada por el decreto 55/23 y de las disposiciones del DNU 70/23. Aunque el Senado rechazó este último, Diputados no consiguió avanzar con su derogación definitiva.
El resultado se observa en la evolución de las facturas frente a los ingresos. Según el Instituto Argentina Grande, entre mayo de 2025 y julio de 2026 la tarifa eléctrica para un hogar de ingresos medios aumentó un 85,8%; la del agua, un 54,1%, y la del gas, un 51,1%. En el mismo período, los salarios del sector privado registrado subieron un 37,1%.
La suba de los servicios también tiene consecuencias sobre el propio proceso inflacionario. Desde febrero de 2024, los precios de esta categoría acumulan 32 meses consecutivos de aumentos superiores a los de los bienes, de acuerdo con el análisis de la nota original. Así, una medida que busca reducir el gasto estatal mediante el recorte de subsidios también presiona sobre el índice de precios que el Gobierno procura contener.
Una canasta de servicios que ya supera los $268.000
El costo conjunto de los servicios básicos y el transporte permite dimensionar el impacto sobre los presupuestos familiares. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA calculó que, en septiembre, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires necesitó $268.405 para cubrir sus gastos de energía, agua y transporte sin subsidios. El monto representa un aumento interanual del 55%.
El transporte fue el principal componente de esa variación: explicó 30 de los 55 puntos porcentuales de incremento de la canasta. El gasto en electricidad aportó nueve puntos, el gas ocho y el agua siete.
A diferencia del consumo de electricidad, gas y agua, cuya demanda suele mantenerse porque son necesidades básicas, el transporte muestra una respuesta más directa al encarecimiento. En el AMBA, durante la gestión de Milei, el boleto de tren se multiplicó por 28, el del subte por 20 y el de colectivo por 14.
La consecuencia fue una reducción del uso del transporte público. Entre enero y julio de 2026, la cantidad de pasajeros cayó entre un 19% y un 21% respecto del mismo período de 2023, según el medio considerado. Los registros de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran que el promedio de pasajeros de colectivos en días hábiles pasó de 9,237 millones en octubre de 2025 a 8,022 millones en octubre de 2026.
Una inflación que podría ser más alta
La medición oficial también está atravesada por la discusión sobre la antigüedad de la canasta de consumo utilizada por el INDEC. El organismo continúa calculando el IPC con ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004-2005, en lugar de incorporar la estructura de gastos relevada en 2017-2018. La actualización prevista fue postergada a comienzos de este año.
El economista Martín Rozada estimó que, con una canasta actualizada, la inflación de septiembre habría sido del 2%, frente al 1,9% oficial. La diferencia también se observa en la composición del índice: Vivienda habría explicado el 24,9% de la suba mensual y Transporte el 11%, frente al 17,5% y el 9,2%, respectivamente, en el indicador vigente.
Con esa metodología alternativa, la inflación interanual habría alcanzado el 34,2%, ocho décimas por encima de la cifra oficial.
El encarecimiento de los servicios públicos, por lo tanto, no se limita al monto de las facturas. También reduce los ingresos disponibles para otros consumos, encarece los desplazamientos cotidianos y presiona sobre la inflación. Con aumentos tarifarios que superan tanto al índice general como a la evolución de los salarios registrados, los hogares deben destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos a gastos que difícilmente pueden evitar.
