La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Tras negociar con la oposición, el oficialismo aceptó proteger partidas presupuestarias, mantener la compatibilidad entre pensiones y empleo formal y fijar un plazo para saldar deudas con prestadores. Ahora deberá tratarla el Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, luego de que la oposición consiguiera introducir cambios para limitar el impacto del ajuste del Gobierno nacional. El proyecto reunió 237 votos afirmativos, frente a 9 negativos y 4 abstenciones, en una sesión atravesada por las negociaciones entre el oficialismo, Unión por la Patria y los bloques dialoguistas.
Uno de los puntos centrales es la garantía de financiamiento: la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud para el área no podrá quedar por debajo, en términos reales, de la correspondiente al año anterior. La modificación apunta a impedir que los recursos destinados a las prestaciones pierdan capacidad de cobertura frente a la política de recortes del Gobierno y a las previsiones del Presupuesto 2027.
El texto también mantiene la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y el empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. La prestación equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, conserva el nomenclador único, establece la actualización periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria y garantiza la cobertura básica de Incluir Salud para quienes perciben la pensión.
Otro de los cambios fija un plazo para atender las deudas con prestadores: el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentar un cronograma de pago de las compensaciones atrasadas. La ley también prevé auditorías periódicas con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio del debido proceso.
Durante la jornada, representantes de Unión por la Patria mantuvieron reuniones con organizaciones de personas con discapacidad para evaluar un acuerdo sobre el dictamen de mayoría. La negociación abrió una alternativa a la estrategia de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitió avanzar con un texto que incorporó reclamos de la oposición y de los colectivos del sector. La iniciativa deberá ahora ser tratada por el Senado.
