El fondo recaudó cientos de miles de millones destinados por ley a prevenir inundaciones, pero una parte importante permanece colocada en instrumentos financieros. La Provincia avanza con una denuncia penal contra Javier Milei y Luis Caputo, mientras crecen las zonas afectadas por las lluvias y se acerca el pico de El Niño.
El avance de las inundaciones en distintas provincias vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos nacionales destinados a prevenirlas. Según datos oficiales, entre enero y junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica recaudó $229.506 millones, pero destinó a obras $125.892 millones, apenas el 55% del total. El resto quedó colocado en títulos públicos y plazos fijos, mientras se multiplican las alertas meteorológicas y los anegamientos.
El fondo se financia con el 4,31% del Impuesto a los Combustibles y tiene como objetivo financiar obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. La denuncia impulsada por el gobierno bonaerense estima que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron $375.422 millones, frente a pagos por obras de apenas $115.990 millones. Otros cálculos, entre ellos los del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y los de un pedido de informes presentado por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, ubican los recursos sin ejecutar por encima de los $300.000 millones.
La administración de Axel Kicillof llevará el caso a la Justicia. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta. “En este contexto es una gravedad absoluta que no cumplan la ley”, cuestionó Katopodis, quien también acusó al Gobierno nacional de utilizar créditos aprobados en 2023 para prevenir inundaciones con el objetivo de refinanciar deuda.
La Provincia sostiene que los fondos retenidos podrían haber financiado obras de magnitud: con esos recursos, según sus estimaciones, se podrían ejecutar 40 intervenciones como la adecuación del cauce del río Areco, ocho etapas como la reconstrucción del Canal Maldonado, en Bahía Blanca, y tres obras como el mejoramiento del tramo medio del río Luján. Además, Buenos Aires espera avales nacionales para dos créditos internacionales destinados a obras hidráulicas, entre ellas un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos para la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.
La urgencia también alcanza al Plan Maestro del río Salado. El Ejecutivo bonaerense reclama que Nación termine la segunda etapa del tramo IV, necesaria para avanzar luego con el tramo V, que está bajo responsabilidad provincial. La preocupación crece por las lluvias y los anegamientos que ya afectan a las zonas rurales, en un contexto de crecida de los ríos y pronósticos que anticipan la continuidad del fenómeno climático.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño alcance su máxima intensidad hacia diciembre de 2026. Las proyecciones indican que la temperatura superficial del Pacífico tropical podría ubicarse hasta 3,8 grados por encima del promedio entre noviembre y enero. La secretaria general del organismo, la meteoróloga argentina Celeste Saulo, advirtió que la magnitud de los daños dependerá de la capacidad de anticipación y de las medidas que adopten los gobiernos para proteger a las comunidades vulnerables.
Los efectos ya se sienten en distintas regiones del país. Al menos 14 provincias atravesaban el fin de semana con alertas meteorológicas. En Malargüe, Mendoza, las lluvias acumulaban 19 días consecutivos; en Rincón de los Sauces, Neuquén, el desborde de un arroyo y la rotura de la ruta 5 dejaron a la localidad aislada y obligaron a evacuar pacientes por avión. En Misiones, más de 150 habitantes de la aldea Guiray debieron ser evacuados, mientras que en Chaco las inundaciones dejaron más de mil personas fuera de sus hogares y el río superó los siete metros, el nivel que activa evacuaciones.
En paralelo, la Legislatura bonaerense aprobó una ley que habilita a los intendentes a disponer durante 180 días de los fondos del impuesto Inmobiliario Rural, originalmente destinados a caminos rurales, para realizar obras hidráulicas, dragados y comprar equipamiento. La medida busca dar herramientas a los municipios frente a la emergencia, pero no reemplaza las obras de infraestructura de mayor escala que dependen del financiamiento nacional. Con los recursos del Fondo Hídrico sin ejecutar y las previsiones de nuevas crecidas, la disputa entre Nación y Provincia se desarrolla mientras aumenta la presión sobre las zonas afectadas.
