La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo respaldo unánime tras un extenso debate. Unión por la Patria acompañó para evitar que el sector quede sin marco legal cuando venza la emergencia el 31 de diciembre, aunque cuestionó el ajuste sobre prestadores, familias y beneficiarios.

El Senado aprobó este jueves por unanimidad la ley de Fortalecimiento Permanente para el sector de Discapacidad, una iniciativa del Gobierno que reemplaza el esquema de emergencia por un régimen estable. La votación terminó con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, después de un debate que reunió a 28 oradores. El consenso legislativo estuvo atravesado por la necesidad de garantizar un marco normativo antes del vencimiento de la emergencia vigente, previsto para el 31 de diciembre.
Desde La Libertad Avanza defendieron la nueva norma como una salida a la incertidumbre que, según argumentaron, genera la prolongación de los regímenes de emergencia. El senador Agustín Monteverde, titular de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que el proyecto no implica recortes y que establece controles para asegurar que los recursos lleguen a sus destinatarios. También afirmó que garantiza la continuidad de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901, las pensiones, la cobertura sanitaria y la compatibilidad con el empleo.
Unión por la Patria respaldó la sanción, pero advirtió que la aprobación legislativa no resuelve por sí misma la situación del sector. Alicia Kirchner consideró que se trata de un paso indispensable frente al vencimiento de la emergencia y planteó que los derechos dependerán de la aplicación efectiva de la norma en todo el territorio. Daniel Bensusán cuestionó los mecanismos de control del Gobierno y remarcó que las auditorías no pueden convertirse en maltrato ni en una vía para quitar prestaciones. Eduardo “Wado” de Pedro, por su parte, denunció el uso de la discapacidad como insulto por parte del Presidente y alertó sobre el impacto de esa conducta en la legitimación de la violencia social.
Los senadores también señalaron las dificultades que atraviesan las familias por el congelamiento de prestaciones, los problemas de transporte, la interrupción de medicamentos y la pérdida de espacios de atención. Alejandra Vigo, desde el cordobesismo, reclamó una articulación con las provincias para sostener los servicios. Al cierre del debate, Patricia Bullrich defendió el acuerdo alcanzado y sostuvo que la nueva ley busca aportar previsibilidad y transparencia. La jefa del bloque oficialista también cuestionó a quienes, según dijo, hicieron negocios con la discapacidad y planteó que el objetivo es evitar que alguien quede excluido del sistema.


