Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario elaboraron un mapa que expone la magnitud del problema, vinculándolo con enfermedades como cáncer y Alzheimer. A pesar de las soluciones tecnológicas disponibles, la falta de voluntad política dificulta su resolución.
Más de 17 millones de personas en Argentina están expuestas a consumir agua con niveles de arsénico superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, según una investigación que será publicada en la revista Water and Health. El científico Alejandro Oliva, quien lideró el estudio, describe la situación como una “epidemia” sanitaria. La conexión entre el consumo de agua contaminada y enfermedades como el cáncer y el Alzheimer fue respaldada por múltiples estudios recientes. Con datos recopilados de 12 provincias, los investigadores elaboraron un mapa que busca alertar a la población y servir como base para la implementación de políticas públicas.
“Este es un tema que se evade constantemente. Hemos hablado con distintos ministerios provinciales y su mayor preocupación es evitar que se haga público, porque implicaría asumir responsabilidades y actuar”, señala Oliva, director del Programa de Medio Ambiente y Salud de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Agrega que, sin un sistema de vigilancia adecuado y medidas de seguridad hídrica, el problema podría agravarse, superando otras crisis de salud pública.
El arsénico, un contaminante de origen natural, proviene de la erosión de las rocas en los acuíferos, aunque también puede ser producto de actividades humanas como la minería, la fundición de metales y el uso de pesticidas. Para evaluar la magnitud del problema, un equipo de la UNR analizó datos disponibles de 12 provincias que representan al 70 % de la población argentina. Los resultados mostraron que más de 17 millones de personas están expuestas a niveles de arsénico superiores al límite de 10 microgramos por litro recomendado por la OMS.
Límites permisivos y desafíos técnicos
Argentina ha mantenido históricamente estándares más laxos en comparación con los establecidos internacionalmente. Mientras la OMS fija un máximo de 10 microgramos por litro, el Código Alimentario Argentino permite hasta 50 microgramos. Este umbral más alto, adoptado por razones económicas y técnicas, incrementó la exposición de la población al contaminante.
“La decisión de mantener un límite más elevado está vinculada a las dificultades para aplicar soluciones como la ósmosis inversa, que resulta costosa y consume mucha energía. Además, no existe un plan claro para gestionar el arsénico extraído del agua”, explica Oliva. Aunque se formaron comités para revisar estos estándares, las iniciativas no lograron extenderse a nivel nacional.
Un problema histórico y subestimado
La exposición al arsénico no es un fenómeno nuevo en Argentina. Hace más de un siglo, se identificaron casos de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una condición dermatológica provocada por el consumo prolongado de agua contaminada. Con los avances médicos, se descubrió que el arsénico también está relacionado con un espectro más amplio de enfermedades, incluyendo cáncer, problemas renales y anomalías congénitas. Estudios recientes añadieron evidencia sobre su vinculación con el Alzheimer y el cáncer infantil, especialmente en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Si bien hubo intentos previos de mapear la contaminación por arsénico en el país, estos estudios subestimaron el alcance del problema. Según Oliva, algunos trabajos calculaban una población expuesta de 4 millones de personas, una cifra significativamente menor a la revelada por la nueva investigación.
Soluciones y desafíos pendientes
Existen tecnologías más accesibles para remover el arsénico del agua, como sistemas de precipitación que consumen menos energía y pueden integrarse en los procesos de potabilización. Incluso se están desarrollando dispositivos domésticos eficaces y económicos. Sin embargo, su implementación requiere voluntad política y planificación.
“La tecnología está disponible, pero sin un compromiso político para cambiar la situación, el problema persistirá”, concluye Oliva. Los datos obtenidos en este estudio pueden ser una herramienta valiosa para impulsar acciones concretas y abordar esta crisis sanitaria que afecta a millones de argentinos.
