Los efectos del ajuste económico gubernamental se hacen sentir en las universidades públicas, con la UBA a la cabeza. Peligra el normal funcionamiento de los hospitales escuelas como el Clínicas, el Roffo y Odontologia, entre otros.
La asfixia presupuestaria impuesta por el gobierno de Javier Milei a las universidades públicas ya está teniendo efectos tangibles, y la Universidad de Buenos Aires (UBA), debido a su magnitud, se encuentra a la vanguardia de esta situación. Previo a la marcha federal del 23 de abril, que se espera sea masiva, el Consejo Superior de la UBA anunció el inicio del ajuste: se abstendrán de encender aires acondicionados y calderas, no se otorgarán nuevas becas, se limitará el uso de luz y ascensores, y se frenarán más actividades de extensión.
La Resolución N° 322/2024, emitida el 10 de abril, se fundamenta en una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto de gastos de funcionamiento asignado para este año, en comparación con el presupuesto devengado en 2023. Esta disminución, explican, resulta en una imposibilidad de afrontar los compromisos asumidos por la Universidad. Un ejemplo de esta dificultad se encuentra en las facturas de energía eléctrica, que han aumentado en un 577% desde abril de 2023 hasta abril de 2024.
En respuesta a este panorama, se han establecido medidas para mitigar el crecimiento del gasto y evitar la cesación de pagos. Además, se han implementado restricciones en el uso de servicios como la iluminación, el gas y los ascensores, exceptuando los hospitales universitarios. Las convocatorias a programas de investigación, ciencia y extensión universitaria estarán supeditadas a la disponibilidad efectiva de presupuesto.
A pesar de los esfuerzos por ajustarse al presupuesto actual, la incertidumbre persiste. Las universidades nacionales del país estiman que junio será la fecha límite hasta la cual podrán sostenerse con el presupuesto actual. Esta situación ha llevado a una creciente preocupación dentro de las instituciones educativas y ha generado llamados a movilizaciones en defensa de la educación pública y contra el ajuste gubernamental.
