Diputados de Unión por la Patria denuncian la mala gestión de la prueba crucial en el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner y solicitan juicio político de la jueza María Eugenia Capuchetti. El manejo irregular del celular de Sabag Montiel, con pruebas de violación de la cadena de custodia y posible borrado de datos, desató un escándalo en la investigación.
La pérdida de datos del celular de Fernando Sabag Montiel, principal acusado del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, está a punto de desencadenar un escándalo. En las primeras horas de la investigación, la custodia del dispositivo, entregado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras una fallida extracción por parte de la Policía Federal, generó serias dudas sobre el manejo de la prueba. Un grupo de diputados de Unión por la Patria solicitó ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, por el daño causado a esta prueba crucial. Mientras tanto, la jueza María Servini investiga el expediente relacionado con el celular, que revela irregularidades preocupantes.
La denuncia presentada por los diputados Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria describe la situación como la “irregularidad más grave”, acusando a Capuchetti de haber permitido la destrucción de la evidencia principal del caso, al no preservar adecuadamente la cadena de custodia del teléfono de Sabag Montiel. En su informe, los legisladores enfatizan que la falta de resguardo y la violación de la cadena de custodia resultaron en el borrado total del contenido del dispositivo poco después de su secuestro.
El celular de Sabag Montiel, un Samsung Galaxy A50, fue incautado tras su detención en la noche del 1 de septiembre de 2022, tras el fallido intento de asesinato a las 20:52. El dispositivo fue enviado a Comodoro Py, al juzgado de Capuchetti, en un móvil de la Policía Federal, donde se intentó la extracción de datos sin éxito. La custodia del juzgado de Capuchetti, Priscila Santillán, entregó el teléfono a la PSA, pero se reportaron contradicciones sobre el estado en que llegó el aparato. Según el acta de la PSA, el celular llegó en un sobre abierto y sin la cadena de custodia adecuada, aunque Santillán declaró que el sobre estaba cerrado.
Las discrepancias entre los testimonios de los involucrados y el acta oficial levantaron sospechas. La versión del secretario Federico Clerc y el testimonio del exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt, sugieren que el teléfono llegó en condiciones muy diferentes a las descritas inicialmente. Neustadt relató que el celular estaba encendido y mostró una advertencia en pantalla, lo que llevó a los peritos a intentar procedimientos que terminaron reseteando el dispositivo.
La denuncia de los diputados señala que Capuchetti no abrió un sumario interno tras las irregularidades y que la manipulación del teléfono sin el debido cuidado podría haber destruido información crucial para el caso. Este episodio llevó a un pedido de destitución y una investigación sobre la actuación de la jueza, con acusaciones de mal desempeño y una gestión deficiente en la custodia de pruebas.
La situación continúa con un peritaje programado y la esperanza de recuperar información a través de la colaboración internacional. Sin embargo, el impacto de la pérdida de datos y las irregularidades en el manejo del celular de Sabag Montiel plantean serias dudas sobre la integridad del proceso judicial.
