Organizaciones de derechos humanos denunciaron la Resolución 187/25 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que utilizó términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental» para clasificar a personas con discapacidad. Tras el escándalo, el Gobierno anunció una corrección y responsabilizó a empleadas del organismo.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la polémica tras la publicación de la Resolución 187/25, que incluía terminología obsoleta y discriminatoria para clasificar a personas con discapacidad mental. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) repudiaron la medida y presentaron un recurso legal contra su implementación. Ante la repercusión, el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, atribuyó el hecho a un «error» y anunció el despido de empleadas responsables, aunque la resolución lleva su firma.
Más allá del escándalo por los términos utilizados, especialistas advierten que la normativa mantiene criterios de exclusión que dificultan el acceso a pensiones no contributivas. Según Gabriela Troiano, presidenta de REDI, el nuevo baremo para evaluar la invalidez laboral responde a una visión regresiva de derechos, al basarse en normativas previas a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, denunció que la eliminación de personal en ANDIS y el cierre de sedes en todo el país han afectado la atención y el acompañamiento a personas con discapacidad.
