El fiscal general Roger Mariaca fue aprehendido junto al fiscal de Santa Cruz y un exministro de Gobierno, después de que se difundiera un video en el que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset los vincula con el pago de dinero para permanecer en el país. Estados Unidos les había revocado las visas dos días antes.
La crisis política y judicial en Bolivia sumó un nuevo capítulo con la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, quien estaba al frente de la investigación contra Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz. Junto con Mariaca fueron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, en el marco de una investigación por los presuntos vínculos de funcionarios bolivianos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando regresaban de Sucre. Del Castillo fue detenido posteriormente en el barrio de Sopocachi, en La Paz. También se informó sobre la aprehensión de otros funcionarios y de un efectivo policial, aunque hasta el momento no se difundieron oficialmente todos los detalles sobre las órdenes de detención, los delitos imputados ni la autoridad que dispuso los operativos.
La detención del fiscal general adquiere una dimensión particular porque Mariaca estaba a cargo de la investigación sobre Cerimedo, quien permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. El funcionario había asegurado días atrás que no iba a retroceder en las investigaciones impulsadas durante su gestión.
“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, había afirmado Mariaca al referirse al expediente contra el exasesor presidencial y a otras investigaciones sensibles, entre ellas las vinculadas con las llamadas “narcomaletas” y el contrabando de combustibles.
Un video que volvió a poner a Marset en el centro
Las detenciones se produjeron pocas horas después de que comenzara a circular un video registrado durante la captura de Sebastián Marset, el pasado 13 de marzo en Santa Cruz. En esas imágenes, el propio narcotraficante menciona a Mariaca, Del Castillo y al capitán Rubén Aparicio.
Según las versiones difundidas sobre el contenido, Marset afirmó que había pagado 500.000 dólares para permanecer en Bolivia y vinculó a esos funcionarios con ese supuesto acuerdo. Se trata, por ahora, de afirmaciones realizadas por el propio narcotraficante y que deberán ser corroboradas mediante una investigación independiente.
La Fiscalía General ya había rechazado anteriormente una versión sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset antes de la extradición del uruguayo a Estados Unidos. En ese momento, el Ministerio Público exigió pruebas que respaldaran esa acusación y sostuvo que no había participado del operativo que permitió capturar al narcotraficante.
La situación judicial de los detenidos todavía no fue aclarada oficialmente.
Estados Unidos también había apuntado contra Mariaca
La secuencia se produjo apenas dos días después de que Estados Unidos revocara las visas de Mariaca, Zeballos y otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos.
Washington acusó al fiscal general de presuntos hechos de corrupción relacionados con la protección de actividades de narcotráfico. Mariaca rechazó los señalamientos. En el caso de Zeballos, las autoridades estadounidenses no difundieron una acusación individual.
La coincidencia temporal entre las sanciones estadounidenses, la difusión del video de Marset y las posteriores detenciones abrió un nuevo frente de tensión alrededor de las investigaciones sobre narcotráfico en Bolivia.
Después de la aprehensión de Mariaca también se denunció una intervención policial en las instalaciones de la Fiscalía General en Sucre, donde funcionarios preparaban una conferencia de prensa para referirse a la situación.
El episodio deja además en una situación incierta la investigación contra Cerimedo y otros expedientes que el fiscal general había impulsado en los últimos meses. El exasesor de Paz permanece recluido en Chonchocoro mientras la Justicia boliviana avanza sobre un caso que, con las nuevas detenciones, quedó todavía más atravesado por la disputa política y las acusaciones cruzadas sobre los vínculos entre poder, narcotráfico y organismos de seguridad.
