El máximo tribunal derogó la Ley de Tierras y habilitó la venta de campos a extranjeros sin los límites que establecía la norma. La decisión irrumpió en el debate por Malvinas y empujó a bloques opositores a intentar una sesión para rechazar el decreto de Javier Milei.
La decisión de la Corte Suprema de derogar la Ley de Tierras modificó el escenario político en Diputados y trasladó la disputa al plenario de las comisiones que comenzó a discutir el proyecto del Gobierno sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Mientras el oficialismo busca avanzar con su iniciativa, distintos bloques de la oposición comenzaron a trabajar en una sesión para rechazar el DNU 70/2023, que ya fue rechazado por el Senado en 2024.
La reunión de las comisiones de Defensa, Legislación General y Relaciones Exteriores terminó suspendida después de una sucesión de cruces entre diputados. El momento de mayor tensión se produjo cuando Juan Grabois enfrentó a legisladores libertarios y acusó a la Corte de estar “comprada”. También apuntó contra Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, a quienes calificó de “vendidos”, “coimeros” y “faloperos”. Más tarde, los presidentes de las comisiones decidieron levantar el encuentro.
El conflicto no quedó limitado al debate sobre Malvinas. Diputados de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda comenzaron a conversar para convocar a una sesión que permita rechazar el DNU 70/23. Si la Cámara baja también vota en contra, el decreto quedaría sin efecto, ya que el Senado había tomado esa decisión en 2024.
“La idea es que sea la semana que viene, pero sabemos que muchos diputados van a estar de viaje y no podemos arriesgarnos a no tener 129 presentes. Tenemos una sola bala por lo que hay que ser muy concretos”, señaló a Tiempo uno de los impulsores de la convocatoria.
La pelea por los votos
La oposición necesita reunir a 129 diputados en el recinto para garantizar el quórum y luego conseguir una mayoría para rechazar definitivamente el decreto. Unión por la Patria cuenta con 92 bancas, el Frente de Izquierda con cinco y la Coalición Cívica con dos. También podrían sumarse los monobloques de Coherencia y Defendamos Córdoba y parte de los 18 legisladores que integran Provincias Unidas.
En el peronismo consideran que el escenario actual es distinto al de 2024 y confían en que existen mayores posibilidades de reunir los votos. “Muchas de las medidas que establecía el decreto hoy están vigentes en distintas leyes como la reforma laboral”, explicó a Tiempo un diputado de Unión por la Patria.
El oficialismo, en tanto, comenzó a trabajar para impedir que la oposición llegue al número necesario. La Casa Rosada y Martín Menem analizan negociar con los bloques aliados y, al mismo tiempo, volver a introducir la Ley de Tierras en el debate parlamentario, esta vez dentro de la discusión del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
La estrategia permitiría abrir esa iniciativa a modificaciones reclamadas por los bloques aliados. Si finalmente se introducen cambios, el proyecto debería regresar al Senado y su tratamiento podría quedar postergado hasta 2027.
El Gobierno tiene previsto llevar su proyecto sobre Malvinas al recinto el 21 de octubre, por lo que la disputa por el DNU agrega una nueva tensión al calendario parlamentario.
La Corte, en la mira de la oposición
La decisión del máximo tribunal también abrió otra discusión dentro de Unión por la Patria: algunos diputados plantean avanzar con pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Para iniciar ese proceso debería ponerse en funcionamiento la comisión de Juicio Político, presidida por Lilia Lemoine. La diputada de La Libertad Avanza mantiene el cuerpo sin actividad.
Juan Marino sostuvo que, a su entender, el fallo constituye una causal para avanzar contra los tres integrantes de la Corte y acusó al máximo tribunal de actuar de manera coordinada con el Gobierno.
“Hay un entramado donde Milei se hace el malvinero, pero con esta derogación de la ley de tierras podría venderle las Islas Malvinas al mejor postor”, afirmó Marino, quien también vinculó la decisión judicial con el viaje del Presidente a Francia junto a gobernadores.
El diputado Eduardo Valdés también cuestionó el fallo y vinculó la política del Gobierno sobre Malvinas con sus relaciones con Estados Unidos. Sobre el proyecto oficial, sostuvo que de sus 133 artículos “hay 40 malvineros” y que el resto apunta, según su interpretación, a controlar a los opositores.
La oposición busca ahora concretar una convocatoria para la semana próxima y utilizarla como instancia de presión antes de intentar llevar el rechazo al DNU al recinto. Uno de los impulsores de la iniciativa aseguró que confían en alcanzar el número necesario y recordó la movilización del pasado 6 de agosto durante el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
El proyecto sobre Malvinas terminó en medio de los cruces
El plenario había comenzado con el tratamiento del proyecto del Ejecutivo para endurecer las penas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Desde la oposición cuestionaron la iniciativa y la calificaron de “extorsiva”.
La discusión terminó abruptamente cuando Grabois tomó la palabra y los presidentes de las comisiones le cortaron el micrófono. El diputado le respondió a Carlos Raúl Zapata, de La Libertad Avanza y titular de la Comisión de Defensa Nacional: “Dejá de cortarme el micrófono, facho de mierda”.
Después de los cruces, los presidentes de las comisiones levantaron la reunión. Desde Unión por la Patria denunciaron que el oficialismo interrumpió el debate cuando todavía estaba hablando un diputado y calificaron la decisión como una “mecánica autoritaria”.
El conflicto parlamentario quedó así atravesado por dos discusiones que el Gobierno buscaba mantener separadas: su proyecto sobre la soberanía en Malvinas y las consecuencias políticas del fallo de la Corte que derogó la Ley de Tierras. En ese escenario, la oposición intenta convertir el rechazo al DNU 70/23 en la primera batalla concreta contra el Gobierno después de la decisión del máximo tribunal.
