La jueza María Servini rechazó, por ahora, la participación de tres afectados en la causa que investiga si la criptomoneda promovida por Javier Milei fue parte de una estafa. En paralelo, surgen pruebas en redes sociales que podrían ser clave para la fiscalía.
Tres personas que aseguraron haber invertido en $LIBRA tras un posteo del presidente Javier Milei solicitaron ser reconocidas como querellantes en la causa por presunta estafa, pero la jueza María Servini denegó el pedido, argumentando que aún no se ha determinado si el colapso del criptoactivo fue producto de una maniobra fraudulenta o simplemente un riesgo del mercado. Mientras tanto, en redes sociales se viralizó un video del empresario Manuel Terrones Godoy, donde sugiere que la emisión de tokens podría usarse para financiar campañas políticas, lo que pondría en duda la versión oficial sobre los fines de $LIBRA.
Los damnificados, representados por Juan Grabois, argumentan que el tuit de Milei—publicado el 14 de febrero y eliminado cuatro horas después—generó confianza en la inversión. La criptomoneda experimentó un alza repentina antes de desplomarse, favoreciendo a unas pocas billeteras. En la investigación, el fiscal Eduardo Taiano solicitó información sobre la trazabilidad de las compras y sobre el marco regulatorio de las criptomonedas, aunque se enfrenta a un vacío normativo. En paralelo, la reciente creación de una Unidad Transitoria de Investigación dentro del gobierno, a cargo de una funcionaria vinculada al oficialismo, despertó críticas por posible conflicto de intereses y riesgo de encubrimiento.
