El fiscal federal Oscar Gutiérrez Eguía desestimó el argumento de la Oficina Anticorrupción que exculpó al presidente Javier Milei en el caso $Libra, mientras la Justicia avanza en la investigación con la aparición de nuevas pruebas y pedidos de indagatorias por presunta estafa.
La controversia en torno al caso $LIBRA y la promoción del token por parte del presidente Javier Milei suma un nuevo capítulo, con un fiscal federal de La Plata contradiciendo directamente la autoexculpación del mandatario. Mientras Milei esgrimió un dictamen de la Oficina Anticorrupción (OA), la cual paradójicamente conduce el Gobierno Nacional, que lo liberaba de responsabilidad bajo el argumento de que la difusión se hizo desde su cuenta «personal» de X, la Justicia Federal empieza a desestimar ese criterio, reavivando el debate sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos.
La OA, a través de su titular Alejandro Melik, había sostenido que Milei no infringió la Ley de Ética al promover el proyecto «Viva la Libertad Project» desde su usuario @JMilei, al considerar que las cuentas personales en redes sociales «no pueden ser consideradas canales de difusión de información o decisiones oficiales del Estado». Sin embargo, el fiscal federal interino de La Plata, Oscar Gutiérrez Eguía, se posicionó en contra de esta postura en otro expediente que involucra al presidente.
Eguía, al dictaminar a favor de impulsar un reclamo judicial contra Milei por una publicación que agraviaba al niño activista Ian Moche, fue contundente: «En este caso, en su rol de jefe de Estado, verificado como funcionario en dicha red (X), entiendo que la Justicia federal resulta competente». El dictamen destacó que la cuenta del presidente en X (@JMilei) posee una marca de verificación gris que, según la propia plataforma, «indica que una cuenta representa a un gobierno, una organización multilateral o un funcionario».
Aunque la cuenta oficial de la Presidencia es @CasaRosada, el fiscal subrayó que Milei está registrado como usuario y, a pesar de presentarse como «Economista», es el actual presidente de la Nación. Este razonamiento desarticula la base de la exculpación de la OA.
Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py, la causa $Libra sigue su curso. Según trascendió, la querella liderada por Juan Grabois presentó un escrito para solicitar al fiscal Eduardo Taiano que cite nuevamente al experto en cripto Fernando Molina. Molina, en los últimos días, reveló en su cuenta de X una serie de transferencias millonarias realizadas por Hayden Davis, el creador del token, poco antes de la publicación del presidente el 14 de febrero.
Entre las transacciones clave, se destacan envíos de $507.400 dólares a la exchange Bitget el 30 de enero (día en que Davis se reunió y fotografió con Milei en Casa Rosada), varias transferencias a Bitget por un total de $2.501.991 dólares el 3 de febrero, y un envío de $1.275 millones de dólares a una billetera de Gate.io el 13 de febrero, un día antes del polémico posteo presidencial. La querella busca que estos nuevos datos, junto con una posible investigación a exchanges hasta ahora fuera del radar, se incorporen al expediente. Se sugiere que se podría encontrar el nombre de los destinatarios de estas transferencias mediante un exhorto a las plataformas de intercambio.
Paralelamente, se ha solicitado a la jueza María Servini la indagatoria de Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Mauricio Novelli (empresario y operador vinculado a proyectos cripto) y Hayden Davis. Uno de los abogados denunciantes, Gregorio Dalbón, también pidió la «inmediata detención» de Novelli y Davis, argumentando «serio riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación».
La solicitud señala que los cuatro imputados mantuvieron reuniones presenciales días previos al lanzamiento de $LIBRA y que cada uno «cumplió un rol funcional indispensable» en lo que se considera una presunta maniobra de estafa.
La presentación de Dalbón acusa a Milei de «promocionar el token desde su cuenta oficial de X», a Karina Milei de «brindar respaldo político e institucional», a Novelli de «organizar la estrategia de difusión y captación de inversores» y a Davis de «diseñar la arquitectura técnica y canalizar los fondos obtenidos».
Se afirma que «este entramado permitió concretar una maniobra de estafa de altísima sofisticación, con consecuencias patrimoniales y políticas de enorme gravedad«. La publicación presidencial, según el escrito, «provocó un aumento exponencial en la cotización del token, pasando de menos de us0,50aunpicodecasius5 en apenas minutos», generando «una ola de compras por parte del público, inducido por la legitimidad que implica la palabra presidencial».
