Ante la suspensión de la entrega de alimentos a más de 60 comedores, el juez Lavié Pico habilita la feria judicial para obligar al Ministerio de Capital Humano a cumplir con una medida cautelar. La decisión subraya la falta de acción del gobierno de Milei frente a la emergencia alimentaria.
El juez Enrique Lavié Pico autorizó la habilitación de la feria judicial para tratar un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), quienes exigen que el Ministerio de Capital Humano cumpla con una medida cautelar que ordena la distribución de alimentos en más de 60 comedores comunitarios. Esta medida se dirige a solucionar la interrupción en el reparto de comida a al menos 63 comedores gestionados por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (FACCyR), afectados por la política del gobierno de Javier Milei.
El reclamo, presentado el 26 de diciembre, busca garantizar que el Ministerio de Capital Humano reanude la entrega de alimentos a estos comedores. El magistrado resolvió habilitar la feria judicial para poder dar celeridad al caso, dado que el hambre de sectores vulnerables no puede esperar el receso judicial. Lavié Pico destacó que la demora en el proceso judicial pondría en riesgo los derechos de las personas involucradas.
El CELS celebró la decisión del juez, subrayando la urgencia del tema en cuestión. A través de un tuit, la organización resaltó la necesidad de que el Ministerio de Capital Humano responda de manera inmediata y reanude la distribución de alimentos a estos comedores. El gobierno de Milei, desde su asunción, ha interrumpido la entrega de alimentos, lo que motivó múltiples reclamos judiciales por parte de las organizaciones sociales.
La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, que desde 2023 tenía convenios alimenticios con el anterior Ministerio de Desarrollo Social, presentó su queja en abril de 2024, sin recibir respuesta hasta ahora. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno, la justicia habilitó la feria para tratar el tema con urgencia.
Este conflicto se inscribe en una serie de acciones judiciales que las organizaciones sociales, como el CELS y la UTEP, impulsaron para garantizar el derecho a la alimentación en comedores y merenderos comunitarios. En este contexto, la justicia ya ordenó al Ministerio de Capital Humano la entrega de alimentos a los comedores vinculados al “Amanecer de los Cartoneros” en varias ocasiones, y se espera que la misma medida se aplique a la FACCyR. Si el Ministerio no cumple con lo solicitado, el juez podría imponer sanciones y asegurar la inscripción de estos comedores en los programas estatales de asistencia alimentaria.
La habilitación de la feria judicial refleja la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con rapidez para evitar que más personas en situación de vulnerabilidad sufran las consecuencias de la falta de acceso a alimentos.
