El aumento alarmante de la pobreza y la emergencia alimentaria en Argentina genera movilizaciones y reclamos de los movimientos sociales, mientras el Gobierno enfrenta críticas por su respuesta ante la situación.
El reciente informe de la UCA sobre el índice de pobreza resalta la grave situación alimentaria en Argentina: en solo cinco meses, la tasa de pobreza ha aumentado del 44,7% al 57,4%. El presidente Javier Milei rechazó estos datos atribuyéndolos a la “herencia de la casta” y luego los calificó de “manipulados” por la institución académica. Sin embargo, los movimientos sociales instan al Gobierno nacional a reconocer la situación y a restablecer el suministro de alimentos para los comedores comunitarios.
La inflación acumulada del 51,3% en los últimos dos meses se ve agravada por el aumento en los precios internacionales de los alimentos y el incremento de las tarifas de transporte en todo el país. Los nuevos precios de los boletos, que oscilan entre $690 en Formosa y $1.200 en Mar del Plata, junto con el aumento del transporte en el AMBA, están afectando duramente a la población. El presidente advierte que el período más difícil será entre marzo y abril, mientras que el ministro Luis Caputo es menos optimista, sugiriendo que el año será duro si las cosas no mejoran.
Estos problemas ya están impactando en los barrios de Argentina. Claudia Albornoz, cocinera comunitaria y referente nacional de La Garganta Poderosa, señala que el Estado no está presente en los barrios y la gente necesita comida urgentemente. Juan Maquieyra, Director Ejecutivo de la asociación civil Techo, confirma esta situación y destaca la necesidad de la participación de las organizaciones civiles.
Los movimientos sociales han convocado a una jornada nacional de protesta para el 23 de febrero, con “500 cortes” de rutas y accesos, bajo el lema “La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. ¡Basta de ajuste!”. Exigen asistencia para comedores comunitarios, aumento de salarios y actualización de los montos del programa Potenciar Trabajo.
El Gobierno nacional dispone de nueve programas presupuestados centrados en políticas alimentarias. Sin embargo, solo se ha ejecutado la partida de la Tarjeta Alimentar en enero. Las organizaciones sociales reclaman una respuesta del gobierno frente a esta crisis.
La ministra Sandra Pettovello enfrenta desafíos para sostener las áreas bajo su responsabilidad debido a la reducción de carteras decidida por el presidente. Los rumores de tensiones entre funcionarios y la falta de respuesta a las necesidades de los movimientos sociales generan críticas.
Los movimientos sociales han anunciado acciones coordinadas para enfrentar esta crisis alimentaria que afecta a más de la mitad de la población del país.
