La falta de pagos a prestadores ya impacta en millones de afiliados: turnos con meses de espera, restricciones en la atención y copagos. La tensión entre Salud y Economía demora soluciones y el conflicto se extiende al sector de discapacidad.
La crisis en el PAMI escala sin una respuesta concreta del Gobierno y ya se traduce en problemas directos para más de cinco millones de afiliados. La reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular de Economía, Luis Caputo, no arrojó definiciones pese a que el eje del conflicto —una deuda superior a los 500 mil millones de pesos con prestadores— sigue sin resolverse. Mientras tanto, clínicas, sanatorios y profesionales comenzaron a restringir servicios o directamente a cobrar consultas, en un escenario que en el propio oficialismo describen como de creciente tensión.
En distintas regiones del país, los efectos del atraso en los pagos ya son visibles. En ciudades del interior bonaerense, médicos dejaron de atender por PAMI y empezaron a cobrar como particulares, obligando a los jubilados a afrontar costos extra o a gestionar autorizaciones adicionales. A esto se suman turnos con demoras de hasta cuatro meses, cupos en estudios y dificultades en la provisión de medicamentos y pañales. En Córdoba, el cierre de un sanatorio obligó a pacientes a trasladarse largas distancias para recibir atención, mientras que en otras provincias hubo restricciones en especialidades como oftalmología y óptica.
El conflicto también golpea con fuerza al sistema de discapacidad, donde las deudas y el atraso arancelario generan una situación crítica. Hogares, transportistas e instituciones advierten que la cadena de pagos está quebrada y que los retrasos ya superan los cuatro o cinco meses, con aumentos de costos que en algunos casos alcanzan el 160%. Desde el sector hablan de una “asfixia operativa y financiera” que pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, incluidos espacios de atención permanente para personas con discapacidad.
En paralelo, las internas dentro del Gobierno complican el panorama. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscó despegarse públicamente del conflicto al aclarar que su cartera no interviene en PAMI ni en discapacidad, en un gesto que generó malestar interno. Con Economía frenando pagos y Salud sin margen de maniobra, el sistema sanitario vinculado al PAMI queda atrapado en una disputa política que demora soluciones, mientras crecen las advertencias sobre un posible colapso si no se regulariza la situación en el corto plazo.
