Una frase en un acto escolar bastó para que el Gobierno pidiera informes a la Provincia, en un nuevo capítulo de la avanzada oficial contra docentes y discursos que se apartan del clima político dominante.
Una docente de una escuela privada del partido bonaerense de Pilar quedó en el centro de una controversia luego de que, durante un acto escolar, cuestionara la política migratoria de Donald Trump y alentara a los estudiantes a construir una sociedad “solidaria y amorosa”. A partir de esa intervención, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que advirtió sobre un “presunto caso de adoctrinamiento” y solicitó información a la administración provincial.
La cartera que conduce Sandra Pettovello pidió a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que detalle si existe una investigación en curso, qué medidas podrían adoptarse y cuáles son los protocolos vigentes para prevenir el adoctrinamiento en las aulas. En el comunicado oficial, el Gobierno nacional sostuvo que este tipo de situaciones podría afectar el derecho a la educación cívica, el desarrollo del pensamiento crítico y la integridad de los estudiantes.
Desde la gestión bonaerense, en tanto, analizaban el episodio con cautela y señalaban que aún no había certezas sobre los hechos difundidos públicamente. También manifestaban preocupación por la exposición mediática del caso y por el nivel de intervención del Ejecutivo nacional en una materia que, recordaban, corresponde a la jurisdicción provincial. El cruce ocurre en un contexto donde la administración de Javier Milei impulsa iniciativas para sancionar el adoctrinamiento escolar y promueve una agenda de reformas educativas.
La polémica creció luego de que funcionarios nacionales y referentes del oficialismo replicaran el caso en redes sociales y calificaran a la docente como “anti-Trump”. El episodio reactivó el debate sobre los límites entre la libertad de expresión docente, la formación cívica y la neutralidad política en las instituciones educativas, una discusión que ya había generado tensiones en los últimos años entre Nación, provincias y sindicatos del sector.
